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Ante la crecida del río Paraguay, varios ribereños empezaron a abandonar sus viviendas y se instalaron en plazas céntricas de Asunción. El director de la Policía Nacional de la capital, Silvino Leguizamón, dio a entender que cuesta aplicar la ley y desocupar a los damnificados debido a que cuentan con respaldo político.
Al respecto, el ministro del Interior reconoció que tal situación podría darse. Así también, indicó que están tratando de brindar “contención política” a la institución de seguridad para que pueda intervenir conforme a la normativa.
“Vamos a darle ese soporte –o respaldo- para que ese agente policial pueda operar en flagrancia. Eso evita un sinnúmero de inconvenientes”, sostuvo.
Enfatizó que la Policía debe actuar e iniciar el proceso penal en cualquier situación en que se esté incumpliendo la ley, como la ocupación ilegal de espacios públicos y el cierre irregular de rutas.
Giuzzio también puntualizó que es importante esclarecer “la cuestión de fondo” para dar una respuesta social a los ocupantes de plazas. Aclaró que la acción policial no puede ser considerada como la solución a esta problemática.
“Hoy la respuesta policial no es la respuesta. Hay que dar una más de fondo. Si se actúa en flagrancia, no se va a dar esta situación (ocupación). La intervención meramente policial hará que estas personas salgan y queden en la calle. Tenemos que reubicarlas”, refirió.
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Igualmente, aseguró que detrás de la problemática de la ocupación existen políticos que se benefician de la situación de los damnificados para fines electorales.
“Esto es parte del sistema político criollo: dejar en un estado de abandono y de pobreza para que estos sean la base política electoral. Hay que darle una definición a esto y cortar definitivamente, ese es mi objetivo”, expresó.
Seguidamente, comentó que están gestionando con las demás instituciones vinculadas para reubicar a los damnificados. Adelantó que ocupantes de la Plaza Bernardino Caballero serán trasladados a un predio de Copaco, mientras que otros afectados del bañado irán a un terreno de la Agrupación Especializada.
Finalmente, el jefe de seguridad afirmó que analizarán las acusaciones de que políticos respaldan la ocupación de espacios públicos para presentar denuncias. Al mismo tiempo, recalcó que es importante encontrar “la solución de fondo”. “Vamos a conversar con el comisario (Leguizamón), ver los materiales y presentar las denuncias si corresponden”, subrayó.
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Barreras policiales, ¿seguirán?
Una de las primeras disposiciones de Giuzzio como ministro del Interior fue eliminar las barreras policiales en las rutas. No obstante, en los últimos días se conocieron casos de agentes de la Policía que extorsionaron a ciudadanos.
El jefe de seguridad señaló que las denuncias demuestran que existe “confianza” en el proceso judicial. Acotó que las acusaciones contra el personal policial son parte de las proyecciones que tenían.
Giuzzio también refirió que existe una separación entre la Policía y la ciudadanía, por lo que considera que “hay mucho que arreglar”. Así también, reveló que existen grupos que operan de forma independiente y que se debe establecer una línea de trabajo entre las instituciones de seguridad.
“Estructuralmente hay muchas deficiencias. Las autoridades políticas quieren tener su policía propio. Hay muchas cosas que arreglar. Necesitamos una coordinación de tareas”, manifestó.