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La Secretaría Anticorrupción dio por concluida la investigación preliminar en el caso del polémico acuerdo y remitió el informe a la Fiscalía, al presidente de la República, a las autoridades de Petropar y la Contraloría General, debido a que existen “elementos suficientes para la instrucción de un sumario administrativo a los funcionarios” de ambas instituciones mencionadas que hayan participado en los trámites tendientes al acuerdo conciliatorio de pasado 2 de diciembre.
Según dicha institución, tanto Sergio Coscia como Denis Lichi suscribieron un acuerdo transaccional sin realizar las debidas diligencias tendientes a acreditar la conveniencia económica de dicho acto jurídico para los intereses patrimoniales del Estado. No fueron recabados y formulados los análisis jurídicos probatorios, fácticos ni financieros que permita pronosticar el sentido del fallo en el litigio civil ni refutaron los términos de las contestaciones de las demandas. Ni siquiera solicitaron el parecer de otras entidades relacionadas antes de la firma.
Asimismo, se considera que se vulneró el principio de la “prudencia administrativa” al aceptar la inclusión de una cláusula que establecía que el monto a ser pagado estaba libre de impuestos, tasas y tributos, sin dictamen jurídico que lo avale.
“Corresponde una indagación administrativa profunda en el ámbito de la Procuradoría General de la República y Petróleos Paraguayos, para establecer la responsabilidad de todos los funcionarios intervinientes en el proceso administrativo y judicial que culminó con la firma del citado acuerdo”, agrega la SNA.
Además, se cree que las acciones podrían configurarse dentro de la comisión del hecho punible de lesión de confianza, puesto que Coscia y Lichi tenían el deber de proteger la integridad del Patrimonio de Petropar, “el cual sería menoscabado si quedara firme la decisión judicial que dispone el pago” de los montos que figuran en el acuerdo. Sin embargo, la SNA recalca que el pago no fue concretado, y no es punible la tentativa de ese delito.
También resaltan que es relevante analizar la posible comisión del cobro indebido de honorarios, pues en una cláusula del acuerdo se comprometen al pago de honorarios del abogado de Texos Oil, Abel Germán Ávalos, quien es funcionario permanente de la Justicia Electoral.
“Otra cuestión llamativa es que no hemos tenido a la vista ningún instrumento que acredite la realización de alguna actividad judicial por parte de dicho abogado, que pueda tener el valor económico de nada menos que el 42% del total del monto acordado”, agregan.
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Relato de los hechos
En el mencionado informe, la SNA realizó un relato de todas las posibles irregularidades cometidas. Primeramente, indicó que si bien se concluyó la adjudicación, debido a controversias sobre la forma de pago, no se llegó a celebrar el contrato entre la empresa estatal y Texos. En lugar de ello, la presidencia de Petropar dispuso la revocación de la adjudicación y la cancelación de la subasta a la baja electrónica para la adquisición de gasoil en camiones.
Entre los fundamentos de la decisión se hizo referencia a la incapacidad financiera de empresa Texos Oil SRL para hacer frente a una obligación, razón por la cual se hacía necesario precautelar los intereses financieros y económicos de Petropar, a fin de evitar un posible daño patrimonial.
En ese contexto, según el informe de la SNA, la Contraloría inició una investigación de oficio y concluyó que la firma argentina no recurrió a ninguna impugnación con relación a la decisión tomada por Petropar, por lo cual se dio por concluido el procedimiento.
“La DNCP, como órgano competente para el control de los procesos de contrataciones públicas, no refirió la existencia de ninguna ilicitud administrativa que torne ilegítima adoptada por Petropar”, indica Anticorrupción.
Asimismo, se menciona que la Contraloría también realizó un análisis en torno a este proceso licitatorio en noviembre de 2011. La institución concluyó también “la negligencia de los funcionarios de la propia presidencia de Petropar en la demora para la revocatoria de la resolución de adjudicación del llamado público y en consecuencia la acción instaurada podría derivar en un grave perjuicio a los recursos económicos de esa entidad”. Por ello, la CGR sugirió efectuar un seguimiento del caso hasta obtener una sentencia firme y ejecutoriada.
Como consecuencia de todo lo mencionado, el 12 de diciembre Texos inició la polémica demanda, reclamando más de US$ 31 millones. Ocho años después de esos trámites, en agosto de 2020, el apoderado de la firma argentina, Abel Germán Ávalos, presentó al entonces procurador Sergio Coscia una propuesta de acuerdo transaccional conciliatorio, consistente en el pago del 40% del total del monto de la demanda.
La Secretaría Anticorrupción destacó que dicho abogado, Germán Ávalos, era funcionario de la Justicia Electoral pero comisionado a la Contraloría General de la República.
El 21 de setiembre del año pasado fue que el entonces procurador derivó la propuesta mencionada al titular de Petropar Denis Lichi. En ese momento, el juicio por este caso todavía estaba pendiente de sentencia definitiva en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
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Además, se debe resaltar que Coscia recomendó suscribir el acuerdo conciliatorio para dar por finiquitado el conflicto jurídico. “No hemos tenido a la vista, de todo el cúmulo documental recibido, ningún análisis jurídico que permita entender el análisis de fondo respecto a la responsabilidad (extracontractual de Petropar, puesto que no existe contrato firmado)”, indica la SNA.
El 12 de octubre del mismo año, el director jurídico de la Procuraduría remitió a su par en Petropar un detalle de los rubros considerados a los efectos de que Petropar realice una contrapropuesta por la suma de casi US$ 7 millones, pero tampoco se incluyó ningún análisis o explicación del motivo por el cual los rubros “daño empresarial, lucro cesante y/o pérdida de chance tendrían un pronunciamiento favorable para los intereses de Texos Oil en el juicio”.
Es decir, la Procuraduría recomendaba la firma del acuerdo sin argumentar por qué Petropar estaba condenado a perder la demanda.
El 18 de noviembre, Coscia comunicó a Lichi que Texos aceptó la contrapropuesta de US$ 6.898.750 y solicitó que se inicien los trámites para el pago.
En la misma nota también se aseguraba que, realizando un estudio de los rubros reclamados, “existe una muy alta probabilidad jurídica de ser condenados en al menos tres rubros: daño empresarial, lucro cesante y pérdida de chance”, pero en ningún momento se formula el análisis fáctico o probatorio sobre por qué Petropar podía ser condenado.
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