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Actualmente las plazas frente al Congreso están convertidas en asentamientos provisorios de pobladores desplazados tras el incendio ocurrido en la Chacarita en la noche de navidad del años pasado, pero a su vez, también están declaradas por Ley 6284 como Patrimonio Histórico Nacional y taxativamente la mencionada legislación obliga al la Secretaría Nacional de Cultura a velar por la protección de la misma.
“La Secretaria Nacional de Cultura, coordinará los planes, programas, proyectos, y preverá los rubros presupuestarios necesarios para el mantenimiento correspondiente, y en conjunto con la Policía Nacional velarán por la protección y defensa de dicho patrimonio”, establece el artículo 2 de la Ley 6284.
Para Reinoso, pese a lo que indica esta Ley, existe un “limbo” que impide su cumpliemiento. “Esa Ley jamás fue reglamentada, entonces su aplicación quedó en el limbo y por esas incongruencias del texto de esa Ley (con otras) nosotros ya pedimos esa modificación”, afirmó el asesor jurídico de la SNC, mencionando una iniciativa para modificar la citada Ley 6284, que no obstante sigue vigente.
“Ley choca con disposiciones anteriormente mencionadas y por eso ya en marzo del año pasado ya habíamos solicitado la modificación de esa Ley, es una iniciativa del Poder Ejecutivo que está desde marzo en el Congreso. Esa Ley no se compadece por ejemplo con la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que le atribuye a Obras Públicas atribuciones cuando se tratan de monumentos nacionales”, alegó además de indicar que para ellos, el principal obligado a precautelar el resguardo de la plaza es el Municipalidad Capitalina.
“Un bien declarado patrimonio no exonera al propietario, al que ejerce el dominio de sus obligaciones y derecho. En este caso, teniendo en cuenta el texto de la Ley Orgánica Municipal, del Código Civil y de disposiciones concordantes, la Municipalidad es quien ejerce las competencia para tener para tener el lugar en condiciones”, sostuvo delegando la responsabilidad a la comuna.
Insistió en que como institución, eventualmente ellos pueden realizar una verificación para constatar los daños e imponer sanciones, pero también dijo que tienen en consideración la “problemática social” alrededor de dicha ocupación temporal. La delegación de la responsabilidad a la comuna “no implica verdad que no exista a posteriori un estudio, una verificación con arqueólogos, urbanista, con arquitectos que determinen los daños al patrimonio, para posteriormente tomar las medidas administrativas o penales que correspondan”, sostuvo.
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Si bien el problema social es real ya que cientos de familias perdieron sus pertenencias y viviendas en el incendio, también existen sectores políticos que aprovechan la situación para ganar votos de cara a las próximas elecciones municipales, sin dar ninguna solución definitiva al problema de fondo, que es la ocupación irregular de espacios públicos.
Tanto el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez como la Policía Nacional se pasan la pelota cuando se les consulta sobre evitar las ocupaciones, mientras propios reubicados en esos sitios afirman que los insumos para la construcción de viviendas precarias los proveen seccionaleros de turno.