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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La empresa Microtel Multimedia SA, de los accionistas María Ángela Gómez, Marcelo Daniel Recalde Gómez y Nancy Angélica Ruiz de Recalde, presentó ayer una apelación contra la resolución del administrador de Aduana de Saltos del Guairá, Basilio Bogado, quien actuó como juez de primera instancia y declaró como contrabando el 40% de la carga.
La firma recurrente solicitó al director general de la Aduana, Julio Fernández, que actúa como juez de segunda instancia, la reconsideración de la decisión de Bogado y la devolución de los cigarrillos que siguen depositados en Algesa de Ciudad del Este.
Microtel reclama la porción de la carga que fue declarada como contrabando. Hasta el cierre de nuestra edición era la única propietaria que presentó la apelación ayer. Hasta las 23:59 de ayer tenían plazo los otros dueños de la carga de contrabando. Se trata de cigarrillos, electrónicos, vestimentas y mercaderías varias que formaban parte de un voluminoso cargamento. Mientras que en los próximos días vencerá el plazo para los propietarios que fueron notificados de forma atrasada.
La Aduana aún mantiene con secretismo detalles del 60% de la carga devuelta ni la identidad de los propietarios. Tampoco se revelaron mayores datos de los afectados por la declaración de contrabando del 40%.
La representante fiscal de la Aduana es Sirlene Decoud, quien también podría apelar si la resolución dictada es contraria a su dictamen. Pero su parecer no trascendió.
En el caso de Microtel, el director general de la Aduana tendrá la decisión final en el sumario, al igual para los demás que eventualmente apelen. Si los interesados por la carga remanente no presentan apelación, la resolución de la Aduana quedará firme. Pero los propietarios aún tienen la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria para reclamar la devolución de la carga retenida.
La semana pasada, el administrador de Saltos del Guairá dispuso la liberación del 60% de una carga total de 20.000 cajas de cigarrillos, un lote de electrónicos, cajas de agroquímicos y mercaderías varias; además de una flota de 14 camiones y 18 embarcaciones. Sin embargo, Bogado no consideró que la carga fue incautada en un campamento clandestino, a orillas del lago de Itaipú, en Saltos del Guairá, cuando estaba a punto de ser trasladada de contrabando al territorio brasileño.