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La resolución lleva la firma del administrador de la Aduana de Salto del Guairá, Basilio Bogado, quien fungió de juzgador en el sumario. El documento aún no fue divulgado por las autoridades aduaneras.
En un comunicado, la Aduana indica que la liberación de la mayor parte del cargamento fue resuelta en base a informe remitido por la Itaipú, que reza que la propiedad intervenida no se encuentra en la franja de protección de la binacional; además, de informes de la Prefectura Naval, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Ministerio de Industria y Comercio, de la Dirección de Registro Automotor y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
Sin embargo, el juzgado aduanero no consideró que al momento de la intervención las mercaderías fueron abandonadas por los contrabandistas y no se tenía documentación alguna sobre su legalidad. Igualmente, parte de la carga ya estaba en lanchas listas para cruzar ilegalmente hacia Brasil, por el lago de Itaipú.
Al igual que los fiscales Humberto Rosetti y Nilsa Torales, el administrador Bogado hizo vista gorda a lo que establece el Código Aduanero que castiga el contrabando, para liberar la carga. La determinación beneficia principalmente a los clientes directos o indirectos de la tabacalera perteneciente al expresidente Horacio Cartes.
Tras la dudosa decisión, Bogado evita brindar explicaciones sobre el sumario y no atiende las llamadas telefónicas, tampoco responde a las consultas vía mensaje de texto en su línea con terminación 597.
La resolución aduanera aún no quedó firme. Tanto la representación fiscal de Aduanas como los propietarios del 40% de la carga tienen aún tiempo esta semana para presentar una apelación ante el director general Julio Fernández.
Según fuentes consultadas, la liberación de la mayor parte del cargamento, estimada en varios millones de dólares es el resultado del pacto “cicatriz” entre el presidente Mario Abdo Benítez y el exmandatario Horacio Cartes.