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En noviembre del 2018, a penas un mes después de que Arnoldo Wiens haya asumido como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), adjudicó las obras cloacales de las ciudades de Areguá, Tobatí, Caacupé y San Juan Bautista (Misiones) al Consorcio Aguas del Paraguay, integrado por las empresas brasileñas Constructora Sánchez Tripolini Ltda SA y Dp Barros Pavimentação e Construtora.
La adjudicación fue por nada menos que G. 107.616 millones (casi US$ 16 millones al cambio actual), pese a que la empresa no cumplía con el pliego, según se denunció en su momento. Incluso le llegaron a pagar G. 30.956 millones (US$ 4,5 millones) en concepto de anticipo y certificaciones de obras que nunca avanzaron.
Cuando ya era evidente que el grupo no iba a poder cumplir con el contrato que le adjudicaron, el MOPC resolvió llegar a un acuerdo con la firma, y a través de un convenio modificatorio, con fecha del 10 de diciembre del año pasado, le autorizó la cesión de su contrato a otro grupo empresarial, que ahora deberá encargarse de las obras que nunca pudieron avanzar.
Es así que la ejecución de la obra ahora pasa a manos del Consorcio Cuatro Ciudades, conformado por las empresas Ginsa SA y Yatytá SA. La firma argentina Ginsa SA había participado del llamado a licitación para estas obras y quedó en segundo lugar. Según se informó, los trabajos se reiniciaron el pasado 12 de enero, en Caacupé y Tobatí y en las otras ciudades no se hizo aún ninguna intervención. Esta firma tiene ahora plazo de hasta 29 meses para completar los trabajos en las cuatro ciudades. A esta altura, la obra debía estar en su etapa final, pero los pobladores seguirán esperando las infraestructuras sanitarias.
Llamativamente, el MOPC no rescindió el contrato con Aguas del Paraguay, para poder ejecutar las pólizas del anticipo y del incumplimiento del contrato, que es lo que normalmente se hace en caso de este tipo de incumplimientos.
MOPC analizó rescindir, pero no lo hizo.
Se consultó sobre este tema en el MOPC y en un escrito que remitieron a nuestro diario confirmaron que efectivamente el grupo brasileño abandonó las obras ya hace casi un año, por lo que “se abrió paso a la posibilidad de rescindir el contrato y demandar a la empresa por incumplimiento, una medida prevista en el contrato”.
Sin embargo, no lo hicieron porque alegaron que tomar esta decisión “significaba correr el riesgo de perder los recursos disponibles” para las obras –provenientes en gran parte de una donación de la cooperación española–, además de “retrotraer el proceso de ejecución al punto de partida, con el consecuente atraso de tiempo y aumento de costos”.
Agregó que tras evaluar las posibilidades y sus implicancias, se optó por recurrir a la figura de la cesión del contrato, prevista en la cláusula 1.7 del contrato con la firma brasileña. “Esta medida, además de posibilitar la continuidad de las obras, con lo cual, los beneficiarios dispondrían del servicio en un menor plazo de tiempo, evitaría sobrecostos al MOPC”, resaltó la cartera.
Las obras iniciaron tarde y con problemas.
De acuerdo con el escrito que remitió el MOPC a ABC, las obras arrancaron en Caacupé y Tobatí, en junio de 2019. En marzo de 2020, el consorcio Aguas del Paraguay interrumpió su desarrollo, debido a “problemas internos”. Ante esto, el MOPC alega que inició “conversaciones con las empresas integrantes, en el afán de resolver la situación y continuar con los trabajos”.
Sin embargo, los inconvenientes no pudieron ser subsanados, y cesaron totalmente las obras.
Vale señalar además que la adjudicación tuvo denuncias desde el principio ya que el grupo había presentado una garantía de mantenimiento de oferta en formato distinto a lo que solicitaba en el pliego de bases y condiciones y, además, no presentó la institución financiera correspondiente en el país del contratante (Paraguay), como se exigió a todos los oferentes.
Esto se evidenció en el propio informe de evaluación que se realizó en el MOPC, pero el ministro Wiens de igual manera procedió a la adjudicación.