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El director nacional de Aduanas, Julio Fernández, confirmó ayer a ABC la medida adoptada, que beneficia al 60% del cargamento decomisado el año pasado, con el argumento de que fueron presentados los documentos correspondientes, pero dijo que el 40% restante, que incluye también artículos electrónicos, no tiene ninguna documentación y fue declarado contrabando.
Fernández expresó que el juez natural del caso que dispone la liberación es el administrador de la aduana de Salto del Guairá, Basilio Bogado, y que él como director de Aduanas no podía dar una opinión sobre el tema porque todavía está en proceso administrativo el 40% restante de las mercaderías declaradas como contrabando.
El operativo
El operativo se había realizado el 5 de febrero del año pasado, en un predio ubicado en Colonia Camino 3, distrito de Salto del Guairá, y estuvo a cargo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otras instituciones.
Estas unidades actuaron atendiendo denuncias realizadas por abogados de Itaipú respecto a que el predio era utilizado para actos ilícitos y, en principio, se pensó en la posibilidad de contrabando de armas y drogas, pero finalmente se encontraron con un gran lote de cigarrillos de contrabando y una red de logística montada en el referido lugar.
En el predio se encontró al menos cinco depósitos (tinglados), 15 tractocamiones e igual cantidad de lanchas cargadas de mercaderías que eran utilizadas para llevar los cigarrillos al lado brasileño por el lago Itaipú, y en dicha zona operaban al menos tres puertos clandestinos, dijeron en ese entonces los intervinientes.
Alrededor de 20.000 cajas de cigarrillos fueron incautadas en dicha oportunidad, la mayoría de las marcas de Tabacalera del Este SA (Tabesa) del expresidente Cartes, como Eight y Palermo; y otra marca producida por tabacalera Mercury, según declaró en ese momento el titular de la UIC, el exfiscal Emilio Fuster.
Fiscal nunca imputó
No hubo detenidos y la investigación del contrabando de cigarrillos y productos electrónicos fue asignada a la Fiscalía Anticontrabando de Ciudad del Este, que anteriormente estaba a cargo del ahora fiscal adjunto de Alto Paraná-Canindeyú, Humberto Rosetti, quien se excusaba de imputar a los responsables de la mercadería con el pretexto de que se requería del resultado del sumario instruido por Aduanas.
Tras la designación de Rosetti como fiscal adjunto, quien es un mimado del cartismo y sobre quien pesa denuncias de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, la investigación quedó a cargo de la fiscala Nilsa Torales.
La liberación de la importante carga, según las versiones recogidas por ABC, formaría parte de la operación “cicatriz”, un acuerdo realizado en plena pandemia entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes, con acciones encaradas no solo en el ámbito partidario sino también en el judicial, que le permitirá al mandatario terminar su periodo presidencial. A fines de enero, incluso, tras la renuncia de Ernst Bergen como director general paraguayo de Itaipú, ya se había vinculado su salida a la operación “cicatriz” y a este caso, atendiendo que la entidad había adquirido lanchas y solicitado al Ejecutivo el apoyo de militares para realizar el control de la zona del lago, pero nunca tuvo respuesta.
“Operación cicatriz”
La “operación cicatriz” es un pacto entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el expresidente Horacio Cartes, concretado en julio del año pasado, en plena pandemia. El acuerdo tiene consecuencias no solo partidarias, sino también en el Congreso Nacional, en la Fiscalía, en la Justicia y en los órganos extrapoder como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Con esto Abdo se aseguró completar su mandato hasta el 2023 y Cartes se protege y fortalece aún más su poder sin necesidad de estar en Palacio de López.