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La información fue confirmada este jueves a ABC por el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, quien argumentó que el 60% del cargamento están documentado y el 40% restante, que incluye también productos electrónicos, fue declarado contrabando porque no se han presentado documentos que avalen su legalidad.
Fernández dijo que el juez natural del caso es el administrador de la aduana donde fue decomisado el cargamento, por lo que él no podía dar aún una opinión sobre el tema ya que le corresponde definir sobre la porción que fue declarada en contrabando.
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El operativo se había realizado hace un año en un predio ubicado en Colonia Camino 3, distrito de Salto del Guairá, y estuvo a cargo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Estas unidades habían actuado atendiendo denuncias de que existirían armas y drogas, pero finalmente se encontraron con un gran lote de cigarrillos de contrabando y esto a su vez permitió desmantelar una red de logística montada en el lugar.
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En el predio se encontró al menos cinco depósitos (tinglados), 15 tractocamiones e igual cantidad de lanchas que eran utilizadas para llevar los cigarrillos a lado brasileño por el lago Itaipú y en dicha zona operaban, por lo menos, tres puestos clandestinos, de acuerdo a los intervinientes.
Al menos 20.000 cajas de cigarrillos fueron incautadas en dicha oportunidad, la mayoría de las marcas de la tabacalera de Cartes y según el titular de la UIC, Emilio Fuster, que declaró en aquel entonces que las marcas encontradas fueron Eight, Palermo y Classic y que la mayoría es fabricada por Tabesa y otra por la firma Mercury.
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La liberación del importante lote de cigarrillos formaría parte de la “operación cicatriz”, que implica un pacto entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes, con consecuencias en el orden político y judicial.