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“Tomamos acciones con este tema, tuvimos reuniones con los gremios sobre los alcances de este proyecto. Desde Hacienda vamos a presentar una alternativa que sea más razonable. Tenemos un remanente del Pytyvõ 2.0 de menos de US$ 10 millones”, dijo Marín en conversación con ABC este jueves.
La viceministra de Economía añadió que “vemos con mucha preocupación” la ley sancionada, más bien por la redacción poco clara y los alcances que tendría.
“Con la redacción de la ley no se va a poder implementar, los recursos no van a ser suficientes. La ley habla de comerciantes en general, de personas físicas y jurídicas. Habla de G. 3.000.000 para comerciantes y G. 500.000 para trabajadores informales. El monto de US$ 10 millones no va a ser suficiente”, agregó.
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En ese sentido, indicó además que prevén hacer una lista para determinar qué comerciantes son los más vulnerables tras la pandemia del coronavirus. Marín explicó que el documento aprobado no especifica los criterios para saber esto. “La ley dice que vamos a elaborar una lista, pero no hay un criterio de vulnerabilidad para garantizar que los fondos lleguen a los más vulnerables”, comentó.
La viceministra no ahondó en detalles sobre cuál será el plan que van a presentar desde Hacienda, pero sí indicó que lo consensuarán con los gremios afectados.
El proyecto aprobado da subsidios a “cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines”, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Un análisis preliminar que había efectuado Hacienda sobre esta iniciativa concluía que su aplicación es inviable y que podría llegar a costar unos US$ 60 millones, fondos que no se disponen actualmente, al considerar a los comerciantes formales e informales de todas las fronteras con Argentina.
La ley sancionada plantea un subsidio de G. 3.000.000, por tres meses, a partir de la aprobación de la normativa, para dueños de los comercios, y de G. 500.000 para trabajadores de los locales. Con esto queda suspendido el cuarto pago del subsidio del Programa Pytyvõ 2.0, autorizado por la Ley N° 6.587/2020, según recordaron los legisladores.
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El documento aprobado corresponde a la versión Senado, que incluyó a 11 ciudades aparte de las cinco que se establecía en el plan original de Diputados. El cuestionamiento a esta versión es que este financiamiento comprometería recursos que el IPS dispone para asistir a los trabajadores suspendidos.