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La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley que “Que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines”, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectivamente.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, adelantó ayer en conversación con ABC que realizarán una exhaustiva evaluación sobre la ley sancionada, para recomendar a la Presidencia de la República las medidas a adoptar en cuanto a su promulgación, veto parcial o veto total.
Explicó que estarán recabando mayores datos sobre el universo de potenciales beneficiarios de la ley, como comerciantes y trabajadores informales, para disponer de un panorama más amplio y certero sobre el alcance que podría tener y el costo que podría representar para el Estado.
Un análisis preliminar que había efectuado Hacienda sobre esta iniciativa concluía que su aplicación es inviable y que podría llegar a costar unos US$ 60 millones, al considerar a los comerciantes formales e informales de todas las fronteras con Argentina, fondos que no se disponen actualmente.
La cartera de Estado trabaja en un proyecto alternativo, según los datos proveídos a este diario, el cual fue revisado el pasado martes con los representantes de los comerciantes afectados.
Podría comprometer los fondos de IPS
El documento aprobado corresponde a la versión Senado, que incluyó a 11 ciudades aparte de las 5 que se establecía en el plan original de Diputados, y dispone la utilización del saldo de la Ley 6680/2020 de Reactivación Económica, correspondiente al “Eje de Protección Social”, hasta US$ 10 millones. El cuestionamiento a esta versión es que este financiamiento comprometería recursos que el IPS dispone para asistir a los trabajadores suspendidos.
Si bien los comerciantes piden que el remanente del Pytyvõ, de hasta US$ 10 millones, sea repartido en unas 3.200 personas, según dijo ayer a ABC Mirtha Montiel, vocera de los gremios de frontera, el temor es que se terminen usando otros recursos, según la forma en que está redactada la ley. Montiel aseguró que la intención de los impulsores de esta iniciativa no es la ejecución de recursos de IPS, pero se teme que se abra la puerta al uso de esos fondos y que eso sea finalmente lo que ocurra.
La vocera de los comerciantes dijo que espera la promulgación de la ley, considerando que la situación de los compatriotas que dependen del turista de compra argentino sigue siendo crítica. También informó que el Gobierno se comprometió a buscar refinanciaciones del BNF a los comerciantes fronterizos.
La ley sancionada plantea un subsidio de G. 3.000.000, por tres meses, a partir de la aprobación de la normativa, para dueños de los comercios, y de G. 500.000 para trabajadores de los locales. Con esto queda suspendido el cuarto pago del subsidio del Programa Pytyvõ 2.0, autorizado por la Ley N° 6587/2020, según recordaron los legisladores.
Otro cuestionamiento a la ley es que se encarga la coordinación de estos fondos al Fisco con los gobiernos departamentales y municipales de los distritos afectados, lo cual desvirtuaría el propósito de esta ayuda, teniendo en cuenta que estamos en año electoral.
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