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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Luego del allanamiento a la comisaría 1ª el 15 de agosto del año 2018, el extranjero Guilherme Costa Bueno declaró bajo anticipo jurisdiccional de prueba y relató que policías lo secuestraron con fines extorsivos.
Dijo que había sido interceptado por dos agentes en la vía pública cuando se dirigía a una tienda para retirar celulares por 1.500 reales, y que luego fue conducido hasta la comisaría, donde fue encerrado en el calabozo bajo amenaza de que sería incriminado por tráfico de armas.
Dentro de la sede policial el afectado fue despojado de 2.000 reales, que equivalían a unos G. 2.750.000. Pero un uniformado pidió más dinero y desnudó a la víctima para verificar si no tenía más billetes escondidos, rememoraba el turista.
En su testimonio, Costa Bueno resaltó que visualizó a cuatro agentes cuando se repartían el dinero que le robaron.
Según la acusación presentada por la fiscala Estela Mary Ramírez, los cuatro policías implicados son: el comisario Gustavo Vera Bertolo y los suboficiales Armando Sanabria Gauto, Víctor Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández Fernández.
En la audiencia preliminar, la fiscala Ramírez ratificó su requerimiento y cuando solicitaba la elevación de la causa a juicio oral, fue recusada por el abogado defensor Pablo Conteras.
En otra audiencia, realizada en agosto de 2020, la jueza Garcete Urunaga con anuencia del nuevo fiscal del caso, Sergio Irán Villalba, sobreseyó de forma definitiva a los suboficiales Adolfo Fernández y Armando Sanabria, al alegar que no fueron reconocidos por la víctima.
El fiscal Villalba también solicitó dos veces el blanqueamiento de los otros dos agentes, pese a que fueron reconocidos plenamente por el turista: el comisario Vera Bertolo le habría despedido con un apretón de manos y Víctor Sanabria fue quien le habría aprehendido. Pero la jueza se opuso, la defensa apeló y el caso está en la Cámara de Apelaciones.
Los cuatro policías también fueron imputados por un caso similar ocurrido en 2018, pero todos fueron blanqueados por el juez Amílcar Marecos y la ex fiscala y actual camarista Juliana Giménez.
Vergüenza
La fiscala que investigó el rapto de Costa Bueno recordó que había ofrecido pruebas documentales que comprometen a todos los policías acusados, como la hoja de servicio donde consta que los cuatro estaban de guardia en el día y hora del hecho.
También citó un acuerdo firmado por los efectivos policiales con la víctima para reparar el daño causado y que fue incorporado en la carpeta fiscal.
“Es una vergüenza lo que ocurrió en esta causa, es una vergüenza a nivel nacional e internacional”, remarcó la agente Ramírez, al tiempo de acusar a la jueza Garcete de usurpar funciones del Tribunal de Sentencia al valorar las pruebas para el blanqueo de los suboficiales Armando Sanabria y Adolfo Fernández.
“Si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hubiese funcionado, yo misma presentaba la denuncia. Pero sabemos que este es un sistema corporativo. Entonces me van a crear problema”, señaló en tono indignado la fiscala Ramírez.