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La exdiputada y periodista Cynthia Tarragó cayó presa en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 21 de noviembre de 2019 junto con su esposo Raimundo Va. Una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) la sindica como una persona que lavó dinero en hechos vinculados al narcotráfico. La sentencia debía dictarse el pasado 21 de enero.
El documento oficial del Departamento de Justicia de Nueva Jersey había detallado que la investigación comenzó en 2018. Tanto Tarragó como Va y otros cómplices habrían ofrecido lavar dinero en Paraguay, país al que describieron como un paraíso “fuera del radar” de los EE.UU. En al menos cuatro ocasiones también propusieron vender cocaína “barata” desde nuestro país. Cobraban el 15% de comisión.
La exdiputada admitió su culpabilidad ante la jueza Freda Wolfson, que debe dictar sentencia en este caso. La misma quedó aplazada sine die, según se informó el pasado 20 de enero.
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Documentos del Departamento de Justicia de los EE.UU. revelan algunos detalles de qué fue lo que aceptó Tarragó para declararse culpable en la causa de lavado de dinero.
El 29 de junio de 2020, el fiscal de Nueva Jersey, Craig Carpenito, envió una propuesta de acuerdo para Cynthia Tarragó a través de su defensora pública, Andrea Bergman. La exlegisladora aceptó el documento y lo firmó el día 23 de julio del año pasado.
Tarragó admitió haber lavado dinero como parte de una red de tráfico de drogas y aceptó exponerse a un máximo de 20 años de cárcel y una multa de US$ 250.000, según se desprende del documento.
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El acuerdo se centra esencialmente en que, al aceptar la culpabilidad por lavado de dinero, la Fiscalía le prometía no procesarla por otros posibles delitos. También la mujer aceptó cooperar con las autoridades en la investigación en torno al caso en que está implicada.
Concretamente, Tarragó se declaró culpable de “un cargo de conspiración para lavar dinero que creí que era producto de transacciones por actividades ilegales de narcóticos a cambio de que no se presenten otros cargos contra mí y que me beneficie por aceptar la responsabilidad”.
Entre los puntos más llamativos del acuerdo figura el hecho de que la exdiputada rechazó ser enjuiciada por un jurado imparcial (compuesto por 12 ciudadanos dentro del sistema judicial de los EE.UU.) y aceptó que sea la solamente jueza Wolfson la que decida la condena.
La Fiscalía no prometió nada a Tarragó, pero sí ofreció reducir los puntos de “ofensa criminal” por el crimen perpetrado. Además, el acuerdo establece que la jueza podría, por ejemplo, determinar su expulsión del territorio de los Estados Unidos.
“Por este medio declaro que ningún funcionario ni agente de ninguna dependencia del gobierno (federal, estatal o municipal), ni mi abogado, ni ninguna otra persona, me ha hecho ninguna promesa ni sugerencia de ninguna clase, ni que yo sepa, a ninguna otra persona, de que recibiré una condena más leve o libertad condicional a prueba [probatoria], o cualquier otra forma de clemencia si me declaro CULPABLE”, dice el texto que firmó Tarragó el pasado 15 de setiembre.
La Fiscalía también prometió socializar el acuerdo con otras dependencias federales de los Estados Unidos en el caso de que otra organización decida procesarla por algún otro tipo de delito, pero advirtiéndole que nada podrían hacer si decidían procesarla en alguna otra causa.
El acuerdo también contempla que Tarragó renuncie a los bienes que posee en los Estados Unidos, que al momento de la confección del documento eran US$ 119.049 (unos G. 835 millones).
Finalmente, el texto también establece determinadas restricciones a las apelaciones que Tarragó pueda llegar a presentar tras conocer su sentencia. En síntesis, se sientan las bases para posiblemente atenuar su condena.
EL CASO
Tarragó y su esposo se ofrecieron para vender droga en los EE.UU. en cuatro ocasiones, según el documento de acusación. Además, aceptó grandes cantidades de dinero para lavar, al tiempo de destacar las “bondades” de Paraguay como país óptimo para el lavado de dinero.
“(Raimundo) Va le dijo al agente encubierto que Paraguay era un buen lugar para lavar dinero porque no estaba en el “radar” del gobierno de los Estados Unidos. Va también dijo que esa red de lavado cobraba una tarifa del 15% para lavar los fondos. Sin embargo, Tarragó declaró que ese porcentaje podría disminuir si el interesado lavaba una cantidad significativa de dinero a través de su red”, agrega el documento divulgado en noviembre de 2019.
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También Tarragó propuso utilizar la palabra clave “remeras” para discutir las comisiones por lavar el dinero. En una de las ocasiones, por ejemplo, acordaron realizar la operación por 13 remeras, es decir 13% de la cantidad lavada.
En el caso está implicado también otro paraguayo, llamado Rodrigo Alvarenga, hasta ahora prófugo. Tanto Tarragó como su esposo están presos en el correccional de Monmouth, Nueva Jersey.