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Ante las presiones que ejerce el rubro de los comerciantes de ciudades fronterizas como Encarnación, Alberdi, Pilar, Ayolas, y muchas otras, de que se promulgue una ley que les otorgue subsidios para paliar de alguna manera la difícil situación económica que tuvieron que afrontar por el cierre de la frontera con Argentina, el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa) solicitó por medio de una nota a la Comisión Permanente que se convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
La sesión sería para tratar el proyecto de ley “Que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, a comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas”.
Recordemos que la propuesta de normativa fue aprobada, con modificaciones, en la Cámara de Senadores, y necesita volver a la Cámara Baja para su revisión.
Pretenden añadir a más ciudades
En cuanto a las modificaciones que introdujo el Senado, destacan principalmente que se incluye en el beneficio económico a más ciudades, como por ejemplo Paso de Patria, Mayor Martínez (Itá Corá), Humaitá, Cerrito, General Díaz, Villa Oliva, Villa Franca, Puerto Triunfo, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Para afrontar la mayor demanda de dinero que significará para el Estado financiar el subsidio a más ciudades, se agregó en el artículo 3° que se requerirán “hasta 10 millones de dólares, de los fondos que serán utilizados de la Ley Nº 6680/2020 bajo el eje de protección social”.
En cuanto a los alcances del proyecto de ley, se apunta a otorgar un subsidio a comerciantes en general, personas jurídicas o físicas debidamente identificadas en el Registro Único del Contribuyente y Patente Comercial, que habitan en las mencionadas ciudades, tres pagos de G. 3.000.000 por tres meses.
También incluyen a empleados
Igualmente, se plantea otorgar un subsidio de tres pagos de G. 500.000 a empleados en general y personal de apoyo de estos comercios, así como también a trabajadores informales, cambistas, vendedores ambulantes, carretilleros, taxistas, guardias de seguridad y otros.
La propuesta de Ley señala que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales de los distritos afectados, deberá elaborar la lista de los beneficiarios. Se excluye a trabajadores informales que ya hayan percibido pagos a través del programa Pytyvõ 2.0.