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La ministra de Trabajo Carla Bacigalupo señaló ayer que desde esta cartera consideran indispensable garantizar los recursos para la protección de los trabajadores formales que pueden pasar por el proceso de suspensión, como también de los que se vean afectados por el aislamiento preventivo. Además recordó que la Emergencia Sanitaria por el covid-19 fue extendida por Ley hasta junio del presente año, por lo que tocar estos fondos para otros fines no sería acertado, más aún por los altos contagios que se están reportando.
Bacigalupo detalló que alrededor de 1.000 empresas han acudido a esta cartera en lo que va de este mes para solicitar de nuevo la suspensión temporal que afecta a aproximadamente 17.800 trabajadores, y este número puede ir en aumento.
Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que tras el último pago concretado en diciembre último, quedó un saldo de US$ 35 millones (de los US$ 100 millones) y que están gestionando la compensación económica para unos 15.000 trabajadores para el presente mes, y que se aguarda solo el decreto del Ejecutivo para dar curso al décimo pago. La compensación que reciben los trabajadores es equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente, G. 1.096.000.
Si bien no se desconoce la situación de los comerciantes fronterizos, se debe ver otra fuente de financiamiento para asistirlos, precisó la ministra.
Subsidio para comerciantes
En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el miércoles último un subsidio extraordinario para los comerciantes de la frontera con Argentina. En el plan original que fue aprobado por Diputados el subsidio estaba dirigido a 6 ciudades (Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas), pero en la versión Senado se agregaron 11 distrito. Además, aprobaron que estos subsidios (unos US$ 10 millones) sean financiados con parte del saldo remanente que se dio al IPS en el marco de la Emergencia Sanitaria. El proyecto pasó nuevamente a Diputados.
Cabe señalar que los recursos transferidos al IPS en el marco de la Emergencia (US$ 100 millones), se otorgó como parte de pago de una deuda histórica del Estado con la previsional. O sea, los recursos pertenecen al IPS, o en todo caso, a los trabajadores formales y pensionados que están aportando mensualmente.