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El contrato en total era por unos G. 85.000 millones y fue adjudicado a las empresas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, a cargo del clan Ferreira, investigado por otros casos, como la venta irregular de medicamentos con documentación presuntamente falsificada.
Además de Justo Rubén Ferreira Servín y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, también fue imputado por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténtico el despachante de Aduanas, Carlos Alberto Gamarra González y por complicidad de funcionarios de Aduanas, contra Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta Acosta.
Según la acusación, las pruebas evidencian que “este esquema delictivo se encuentra diseñado, a través del uso de figuras legales-administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no cuentan con los registros correspondientes para nacionalización y posterior comercialización”.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni también será parte del proceso, pero como testigo solicitado por la Fiscalía. La acusación se centra principalmente en la importación de camas hospitalarias, de las cuales un lote fue ingresado de manera irregular. En la investigación no se incluyen los otros items, como por ejemplo los tapabocas que se ha detectado que no eran aptos para uso médicos, o los trajes de protección que también fueron remarcados en nuestro país, o el informe de Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Dinero (Seprelad) del movimientos llamativos del clan Ferreira. Asimismo no se tuvo en cuenta otros posibles delitos como intento de estafa.
La acusación detalla que tras la firma del contrato entre el Ministerio de Salud y la firma Insumos Médicos S.A. (Imedic) el 3 de abril del año pasado se había acordado el pago de G. 47.952.500.000 para la compra de 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección contra riesgos biológicos y 50 camas hospitalarias y se estableció un régimen de importación especial debido a la urgencia requerida.
Sin embargo, el clan Ferreira inició los trámites de importación únicamente con un “borrador” de documentos sin valor legal y donde no se indicaba que las camas importadas eran distintas a las que figuraba en el contrato con salud. Igualmente aprovecharon para traer otras 400 camas en el vuelo de urgencia contratado en medio de la pandemia del covid-19, todo esto sin documentación legal.