Gobierno de Guaidó desliga a Villamayor y apunta al abogado del tío de Marito

El gobierno de Juan Guaidó en Venezuela, el que reconoce Paraguay, emitió un comunicado en el cual afirma que el acuerdo entre ambos países por la deuda que mantiene nuestro país con PDVSA no se concretó porque no era favorable para ninguno. La nota dice además que habría sido Sebastián Vidal, abogado de Carlos Abdo, tío del presidente de la República, el que contactó a los venezolanos para ofrecerles mediación.

Juan Guaidó.
Juan Guaidó.Miguel Gutiérrez

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El comunicado difundido este jueves por el gobierno de Guaidó en Venezuela dijo que como hubo inconsistencias sobre cuál de las partes fue la que hizo el contacto inicial con el argentino Sebastián Vidal, abogado del tío del Presidente, investigaron cómo se dio la negociación.

Cabe recordar que el encuentro en Palacio de López fue en noviembre de 2019 y el caso se conoció recién a inicios de enero. De la reunión participaron Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil; Javier Troconis, un comisionado de Guaidó para recuperar activos de Venezuela, y el abogado Vidal.

Tanto Villamayor como Troconis negaron haber arrancado las negociaciones. En la nota que se dio a conocer hoy el gobierno de Guaidó dice que “hemos encontrado nuevos elementos que indican que dicha iniciativa o contacto inicial no surgió ni del Gobierno interino de Venezuela ni del Gobierno de Paraguay, sino que surgió del abogado Vidal hacia el Gobierno interino”.

Así, se desprende que —según los venezolanos— fue el abogado del tío de Marito el que se ofreció para mediar en las negociaciones, sin especificar con qué promesa.

El comunicado afirma también que “la República del Paraguay siempre ha mostrado la mayor disposición a honrar el compromiso con Venezuela en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país” y que “no se concretó un acuerdo, tomando en cuenta que dicha propuesta no se ajustaba al mejor interés de ambas naciones y debido a las debilidades inherentes a la vulnerabilidad institucional en Venezuela, producto de la usurpación del poder de Nicolás Maduro”.

Los venezolanos afirman además que seguirán investigando qué fue lo que sucedió en las negociaciones “para garantizar la transparencia total, independientemente de que no se haya concretado ningún acuerdo”.

De acuerdo al texto, el abogado argentino Vidal iba a recibir US$ 26 millones por mediar en la negociación. Hubo dos borradores, según The Washington Post, y en el último de ellos se dejó por escrito que el 20% del monto total se pagaría a Vidal, es decir, más de US$ 26 millones.

Vidal admitió el 4 de enero pasado que conoce del parentesco entre Mario Abdo Benítez y su cliente, el conocido empresario paraguayo-argentino Carlos Abdo, expresidente del club San Lorenzo de Almagro.

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Vidal había explicado a ABC Color que es abogado de PDVSA desde 2011 y que luego fue contratado por la Asamblea Nacional de Venezuela y por Guaidó para continuar con negociaciones amistosas la recuperación de activos. Con esto, se entiende que Guaidó lo desacredita y le echa la responsabilidad de buscar el arranque de las negociaciones.

The Washington Post publicó a inicios de enero que existían dos borradores de un contrato por el cual se iba a condonar la deuda que, según Paraguay, es de US$ 269 millones y, según Venezuela, de US$ 290 millones. Según publicó el medio, el acuerdo con Paraguay se habría estado gestando sin conocimiento de los supervisores de PDVSA designados por Guaidó y que José Ignacio Hernández, ex fiscal general de Guaidó, consideró una “comisión desproporcionada” la suma que se iba a pagar al abogado argentino.

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El caso está en arbitraje internacional desde 2016, siendo París el lugar donde Nicolás Maduro denunció a Paraguay. La deuda fue contraída por los gobiernos de Nicanor Duarte y Fernando Lugo, cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Ese estado reclama el pago de unos US$ 290 millones, mientras que Paraguay solo reconoce cerca de US$ 269 millones.

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Por este caso está en curso una interpelación a Villamayor. El hecho forma parte nuevamente de una negociación secreta del gobierno de Abdo Benítez, así como el acta entreguista de julio de 2019.

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