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La Fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo complicidad de los guardias o de directivos del Penal. En ese sentido, se procedió a la imputación del entonces director del reclusorio Christian Rolando González Morel y del jefe de seguridad Arnaldo Matías Báez, además de todos los guardias que estaban de turno en la oportunidad. Los investigadores no pudieron reunir suficientes elementos para presentar un requerimiento conclusivo, por lo que solicitó más tiempo para investigar.
Esa situación fue aprovechada por los defensores de los procesados para pedir la revocatoria del auto de prisión que pesaba contra los mismos basándose en el precepto constitucional que dispone que la prisión preventiva “En ningún caso se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito”, que este caso es de 6 meses.
En el mes de junio del año pasado, los guardias penitenciarios descubrieron en un paquete de fiambre cerca de 300 gramos de dinamita en gel con una carga explosiva con capacidad para derribar una pared o al menos provocar un boquete enorme. Las demás piezas, como estopines (iniciador de fuego) con mecha lenta, fueron descubiertas posteriormente.
En agosto de ese mismo año, por medio de un trabajo de Inteligencia se logró confirmar la existencia de otro túnel con las mismas características del que usaron los del PCC para escapar, lo que permitió abortar lo que sería otra fuga masiva.
Esta serie de acontecimientos nos llevan a concluir que de ningún modo ha cesado el peligro de fuga, indicó una fuente que pidió el anonimato.
Por otro lado, un total de 22 fugados han sido recapturados en distintos procedimientos realizados en la frontera. Cuatro de ellos fueron recapturados en Brasil, mientras otro fugado fue abatido durante un asalto.
