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CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). En el Dpto. de Paraguarí, el gobernador Juan Carlos Baruja (ANR, cartista) conformó un equipo político que lidera y concentra la mayor parte de las precandidaturas a la intendencia bajo la chapa del Movimiento “Hechos, no palabras”. El único jefe comunal colorado que no irá por la reelección es el intendente de Tebicuarymí, Javier González Benavente, quien le cedió la chapa al profesor Ever Palacios, del movimiento “Hechos, no palabras”.
En este equipo están trabajando el acusado Tomás Éver Rivas, el senador Juan Darío Monges y el exdiputado Clemente Barrios.
Los diputados colorados que representan a este departamento, Miguel Cuevas y Esteban Samaniego (ambos imputados), están en otro frente político dentro de la “Operación Cicatriz”, preparando precandidaturas en todos los distritos.
Imputados e investigados
Diez son los intendentes imputados y que aspiran al rekutu:
1. El jefe comunal de San Roque González, Óscar Alfonzo (ANR, Añetete), está imputado por supuesta violación de veda y cuarentena sanitaria. Tiene otra causa por lesión de confianza por la aparente distribución de alimentos nocivos para la salud de escolares de cinco instituciones educativas del distrito.
2. El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR, cartista), es investigado por supuestos delitos contra el medio ambiente. Tiene permiso especial para cumplir sus funciones, firmado por el juez de Garantías de Ybycuí, Guillermo Ortega.
3. El jefe comunal de Yaguarón, Dr. Luis Rodríguez (PLRA), está imputado por supuesto procesamiento ilícito de desecho e incumplimiento del Plan de Mitigación Ambiental. También tiene un permiso especial dictado por el juez de Garantías de Paraguarí, Blas Cabriza.
4. La intendenta de Quiindy, Alba Acevedo (ANR, Añeteté), esposa del parlasuriano Juan Bautista Bogado, tiene varias denuncias pendientes en la fiscalía local a cargo de Teresita Paredes y de la Fiscalía de Delitos Económicos por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial de más de G. 1.300 millones en el caso de la compra de “vaka’i de oro”, distribuido en un kit de alimentos en el que figuraba un costo de G. 46.000 la unidad. Ni la Fiscalía ni la Contraloría dictaminaron algo.
5. La intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR, Añetete), esposa del imputado diputado Esteban Martín Samaniego, tiene una causa pendiente en la fiscalía de Quiindy, a cargo de la fiscala Teresita Paredes, por supuesta apropiación de dietas y gastos de representación de cinco concejales desde que asumió el cargo, en 2018, hasta la fecha.
6. El jefe comunal de Escobar, Elvio Ruiz Díaz (ANR, Añetete), está denunciado por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. La demanda fue promovida por los concejales colorados Adolfo Roa y Raúl Chávez por la aparente falta de rendición de cuentas de unos G. 4.800 millones de los recursos provenientes de Fonacide, royalties y otros. La investigación está paralizada.
7. El intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR, Añetete), tiene una denuncia pendiente ante el Ministerio Público por presunta malversasión de los recursos de Fonacide y sobrefacturación de unos G. 62 millones en obras de empedrado realizadas en un camino vecinal de la compañía Beni Loma. A esto se suma la denuncia por la sospecha del hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
8. El intendente de Acahay, Alcides Sosa Báez (Añetete), está imputado por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal en perjuicio de la Comuna local.
9. La jefa comunal de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR, cartista), esposa del acusado diputado Tomás Rivas, fue denunciada ante la fiscalía de Delitos Económicos por los supuestos hechos de lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. Es con relación a aparentes obras fantasma y supuestas transferencias a comisiones para concreción de obras.
10. La administración del intendente del municipio de María Antonia, Luis Carlos Ledezma (cartista), tiene un pedido de intervención radicado en la fiscalía por supuestas irregularidades de malversación de los fondos municipales en el periodo fiscal 2017-2018. El monto que debería ser revisado supera los G. 2.500 millones, pese a lo cual el caso está archivado.