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La acusación presentada contra el magistrado Néstor Ramón Arévalo Zorrilla es por frustración de la persecución y ejecución penal y cohecho pasivo contra el exdirector de la cárcel de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario, por fustración de la persecución y ejecución penal.
Específicamente, Arévalo ordenó el traslado a la citada granja vip del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años, aunque hace tres días recayó en él otra pena de tres años.
A su vez, Orella gestionó el envío al mismo lugar del también narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez, quien desde 2011 cumplía una pena de 21 años.
“Chapaló” y Tranquilino vivían en la granja en total libertad, usaban como secretarios a otros dos presos, tenían vehículos, salían de vacaciones solos o con sus familias e incluso los fines de semana visitaban los principales locales nocturnos del segundo departamento.
Todos los privilegios fueron descubiertos el 17 de junio de 2019, al día siguiente de la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan Rotela que ocurrió en la población penal común.
La investigación fiscal permitió constatar que la granja era una construcción clandestina que estaba detrás del penal, fuera del recinto penitenciario, y se comprobó que los internos condenados por narcotráfico fueron los que construyeron el lugar y lo amoblaron a su gusto. Además, se comprobó que la penitenciaría de San Pedro no contaba con un proyecto aprobado de un lugar a utilizarse como granja.