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Fernando Benítez Pappalardo, primo hermano de Mario Abdo Benítez y propietario de Survycon SA, confirmó que para poder participar de licitaciones públicas puso sus acciones a nombre de Justo Ferreira, propietario de Imedic y Eurotec.
Consultado sobre si eso está permitido legalmente, Seitz explicó esta mañana que la Ley de Contrataciones solo autoriza el consorcio o la subcontratación para las licitaciones.
Explicó que, en los casos de prestanombres, obliga a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a investigar a ambos lados del acuerdo: al que prestó el nombre y al que lo usó “prestado”.
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“Porque la ‘simulación’ -que es el nombre técnico del prestanombres- es un derecho que si es realizado con fines ilícitos origina consecuencias negativas para ambas partes de ese acuerdo. Si hay un acuerdo que busca burlar algún tipo de inhabilidad, prohibición o consecuencia no deseada que tendría la presencia real de la persona que es verdadera dueña del negocio, entonces ese acuerdo origina consecuencias jurídicas para ambas”, puntualizó.
Aseguró que el requisito de tener antigüedad en el rubro es un elemento que no puede ser alterado mediante un acuerdo entre dos partes, como fue lo que hicieron Benítez Pappalardo y Ferreira. Agregó que el análisis sobre ese punto se debe realizar midiendo los estatutos de las firmas, los registros públicos y hasta la facturación que compruebe la experiencia en el rubro.
Sobre el caso puntual, señaló que se debe analizar de qué exactamente habla Benítez Pappalardo al confirmar que Ferreira fue su prestanombres. Consultado sobre si la DNCP realizará una investigación sobre el caso, aseguró que el 85% de las investigaciones que realiza la institución están relacionadas a la prensa.
Con respecto a cómo accionarán en este caso, dijo que en general ellos primero solicitan información a varias empresas y entes reguladores para ver si encuentran alguna irregularidad y seguir investigando. Además, señaló que la ley prevé la anulación de todo el proceso licitatorio y la comunicación a instituciones como Tributación, Contraloría, Conacom y hasta la Fiscalía en caso de hallar irregularidades.
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Se empezó a hablar sobre la empresa Survycon SA cuando intentaron importar la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus. Aunque la firma decidió retirar la solicitud, luego salió a luz que Justo Ferreira Servín era uno de sus propietarios.
Ferreira es conocido por el escándalo de los insumos médicos chinos que el Ministerio de Salud decidió rechazar en plena pandemia debido a que no cumplían los requisitos técnicos del contrato.
Benítez Pappalardo confirmó a ABC Color que él es propietario de la firma y aseguró que Ferreira no tiene ningún vínculo, aunque luego reveló que este último le prestó el nombre de su empresa para poder concursar en licitaciones públicas.
Aseguró que compraron Survycon en 2017 y que uno de los problemas con que se toparon fue que, para poder participar de licitaciones, debían contar con experiencia de al menos tres años como proveedores del Estado. “Nosotros lo que hicimos fue poner a su nombre (de Ferreira) las acciones que me correspondían a mí. Tenemos los acuerdos privados y demás. Cuando saltó todo este escándalo (de los insumos chinos), le pedimos que me transfiera las acciones que me correspondían”, dijo.