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El 3 de diciembre de 2019, la empresa CIE SA (Hugo Ángel Aranda Núñez) presentó una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), contra el pliego de la licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de la pasarela peatonal entre el parque Ñu Guasu con el Comité Olímpico Paraguayo. En la impugnación, la empresa objetó las llamativas exigencias de la convocatoria que impedían la participación de más oferentes, según los documentos oficiales a los que accedió nuestro diario.
Es que en el documento del llamado se exigía que los oferentes deban contar exclusivamente con una guillotina de 6 metros de largo (utilizado para cortar metal) y capacidad de corte de 16 mm, cuando existen otras tecnologías que pudieron ser utilizadas en la fabricación de la pasarela. Coincidentemente, Engineering es al parecer la única empresa que tenía la máquina exigida para hacer el paso.
“Careciendo el pliego de planos y diseños y siendo el proyecto ejecutivo y memoria de cálculo a cargo del oferente, y por ende los detalles constructivos de fabricación, entendemos que el requisito de una guillotina con las dimensiones y capacidades exigidas no debería ser un limitante de participación, incluso existiendo otros tipos de equipamientos también adecuados para el mismo propósito, que al parecer son de desconocimiento del ente técnico de la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones)”, resalta el escrito que CIE presentó en la DNCP.
Además, la empresa cuestionó que la licitación exigía que los oferentes cuenten con la normas ISO 9001 e ISO 14001, que son normas de calidad y ambiental de certificación voluntaria y no obligatoria, por lo que pidieron que se modifiquen estas certificaciones. Justamente, Engineering también contaba con dicha exigencia del MOPC.
Llamativamente, la DNCP rechazó esta impugnación del pliego, por lo que solo la “superproveedora” participó de esta licitación y ganó sin ninguna competencia. La criticada firma terminará cobrando G. 14.521 millones (US$ 2,1 millones al cambio actual), luego de dos adendas que inflaron el precio inicial de la obra en 13,5%.
A criterio de la DNCP, cuyo titular el Pablo Seitz, “no fue demostrado que las pretensiones se basan en una contravención a las disposiciones que rigen la materia objeto de la ley 2051”. Seitz explicó a nuestro diario que es “normal” que las instituciones puedan exigir certificaciones de calidad.
Mismo “modus operandi” en otra licitación
Algo similar y sospechoso también ocurrió en la licitación para los trabajos de restauración del Palacio de Gobierno, que coincidentemente ganó otra vez Engineering SA pero en este caso con la firma Caraguatay SA, como “Consorcio de Restauración” (contrato de G. 38.885 millones).
En este llamado, la DNCP también inició varias investigaciones por denuncias de direccionamiento. Al igual que el caso de la pasarela, el MOPC exigía a los participantes que presenten certificados de calidad (ISO o similar), que justamente Engineering SA podía cumplir y que terminó ganando. Esto pese a que la firma ni siquiera cuenta con la experiencia requerida en obras de refacción de edificios históricos, pero se encargará de realizar estos trabajos con la firma Caraguatay, que tiene alguna experiencia en este tipo de proyectos.
¿Qué hacía el cuñado en el MOPC?
El viceministro de Obras del MOPC, Ignacio Gómez, que está a cargo de la intervención de la Dirección de Obras del ministerio, manifestó ayer a ABC que “no sabía” qué hacía el hermano de la primera dama, Jorge López Moreira, en las reuniones del MOPC. El cuñado del Presidente de la República participó de encuentros con Juan Andrés Campos Cervera, dueño de Engineering, contratista del MOPC que construye el criticado paso peatonal “ñandutí”. López Moreira, quien sería el “lobbista” de la “superproveedora”, tampoco supo explicar qué hacía en las reuniones del ministerio y derivó los temas referentes al caso a su abogado Álvaro Arias, que tampoco pudo explicar ayer lo que hacía su cliente en el MOPC.
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