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Aramí Cáceres detalló que el 19 de octubre del año pasado Abdo Benítez promulgó la Ley 6628 que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, más conocida como “ley de arancel 0”. Acotó que el mandatario tenía 90 días para realizar la reglamentación, y que esta vence el 17 próximo.
En el Presupuesto General de la Nación de este año ya se contempla la gratuidad, que desde el primer semestre del 2021 ya no se debe cobrar a los estudiantes de los colegios públicos y subvencionados. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, ya que desde la CEUNA están cada día recibiendo varias denuncias de estudiantes que refieren que en su facultad se les está pidiendo que paguen los aranceles.
“Es más, los cursillistas, futuros ingresantes, también están con el mismo problema. Y de dónde lo que van a sacar plata si estamos en un tiempo de crisis económica a raíz del covid. No puede ser que el Ejecutivo que en un plazo de 90 días, que ya vence este 17 de enero, que es el último paso, para que la ley pueda ser aplica, aún no lo haya hecho”, dijo.
La Ley 6628 beneficia directamente a los egresados de colegios públicos y subvencionados, y a estudiantes de ocho universidades públicas. No obstante, se podrá considerar caso de alumnos de colegios privados que soliciten y certifiquen vulnerabilidad, aunque la forma de hacerlo depende de la reglamentación que debe emitir el Ejecutivo.
Las universidades públicas venían solventando gastos de mantenimiento con los aranceles. Por ello, la normativa establece que el Estado les dará compensaciones financieras provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.
El buen funcionamiento de las universidades dependerá de que reciban en tiempo y forma las trasferencias por parte del Ministerio de Hacienda. Esto había advertido el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, Roberti González.