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“No puede ser que no exista un daño patrimonial si el estado no cobró en tiempo y forma los impuestos”, cuestionó ayer Julio Ullón, concejal asunceno y exjefe de Gabinete de la Presidencia. “El daño patrimonial no es contra la municipalidad, los servicios fueron prestados, el daño es contra el Gobierno Nacional. Hacia allí se debería que mirar. En este caso, el perjuicio es contra el fisco”, señaló sobre el caso Empo Ltda.
La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento definitivo de Enrique Ortuoste y Arivaldo Benítez, representantes legales de la firma. Argumentó que no encontró daño patrimonial. Asimismo, Ullón resaltó que se debe insistir en la rescisión del contrato con Empo, ya que incumplió la cláusula que obliga a estar al día al concesionario.
Al ser consultado, Óscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, indicó que la SET inició la demanda, se negoció con la abogacía del tesoro y la empresa financió la deuda. “No hay daño patrimonial. Es deuda por impuestos”, comentó.
El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, el exjefe comunal Mario Ferreiro, y 11 concejales fueron imputados el año pasado por la supuesta falsificación. Según la Fiscalía habrían ayudado a blanquear la empresa. Uno de los imputados, Félix Ayala, dijo sobre el pedido de sobreseimiento definitivo: “Si los propios directivos no estaban en este ilícito, bajo qué aspecto vamos a estar nosotros imputados”.
Recordó que la administración de Ferreiro había realizado un sumario interno y luego presentó la denuncia a la Fiscalía. Se había encontrado que Empo cobró al menos 9 millones de dólares durante dos años, presentando certificados falsos.
El edil José Alvarenga (ANR) dijo: “Considero que evidentemente si la Justicia ha hecho una investigación, la encargada de la parte contable debe responder”. Agregó que lo que se debe resolver es el tema ambiental, específicamente la construcción de la planta de transferencia en el sitio. “Se estaba terminando ya las aprobaciones de plano en la Intendencia”, indicó.