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El Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Medina e integrado también por Elsa García y Olga Ruiz, dio a conocer ayer su veredicto con relación al caso del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo.
En su alegato final, el fiscal Luis Piñánez había solicitado una condena de 6 años y 6 meses de cárcel, tras concluir que el acusado no pudo justificar egresos por más de G. 4.200 millones.
En la exposición de los fundamentos del fallo, Medina dijo que quedó en evidencia un desfase entre los ingresos y los egresos del acusado, aunque no refirió monto.
El Tribunal también hizo referencia a los peritajes presentados por los licenciados Emiliano Fernández y Walter Ovelar que concluían la supuesta correspondencia entre los ingresos y gastos de Carballo, pero que quedaron totalmente desvirtuados ante la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Entre los ingresos y los egresos del acusado no existe una consistencia real, habida cuenta que encontramos más sumas de dinero gastadas que las percibidas. Entonces existe una discordancia con lo que señala el dictamen del perito y eso en la ciencia contable no puede ser, no puede darse la posibilidad de que una persona que tenga ingreso y en el dictamen pericial no figuraban cuáles eran sus egresos como manutención, vivienda, vestido, todo eso no se halla justificado”, explicó Medina.
Carballo ingresó a la plantilla de la Municipalidad de Asunción en el año 2007 con un salario de G. 1.800.000 y al año siguiente abrió una empresa, Rocket SA, con un capital de G. 5.000 millones y poco tiempo después compró acciones del shopping Vía Bella por G. 1.500 millones y un departamento en Lambaré por G. 450 millones, entre otros bienes.
En el 2013 fue nombrado funcionario en la Cámara Baja mediante la intercesión del entonces diputado Víctor Bogado (ANR-cartista), de quien es muy cercano y también supuestamente sería su testaferro.
Bogado, por su parte, fue imputado por la Fiscalía en 2013 por el caso de la “niñera de oro”, Gabriela Quintana, quien era planillera en la Cámara de Diputados y cuya contratación al mismo tiempo en Itaipú fue gestionada por el aún legislador colorado en esa época.
En el juicio, que estuvo lleno de chicanas, el político fue encontrado culpable por tráfico de influencias y sentenciado a un año de cárcel pero con suspensión de la ejecución de la pena. En septiembre de 2019 un Tribunal de Apelaciones confirmó la condena para Bogado y Quintana, esta por cobro indebido de honorarios (1,6 años de prisión). Como desenlace, Víctor Bogado fue expulsado del Senado el 14 de mayo de 2019.
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