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Esta mañana, el presidente de la Corte confirmó el nuevo llamado a licitación para los siempre polémicos seguros privados. Indicó que la duración del contrato esta vez será de dos años y beneficiará a 13.000 funcionarios y sus respectivas familias; es decir, a unas 45.000 personas en total.
Martínez Simón aseguró que no se trata de un “seguro VIP” y dijo que la ley les permite pagar hasta G. 1.000.000 por funcionario, pero ellos pagarán G. 800.000 por cada uno al mes.
Por lo tanto, el costo anual del seguro por funcionario es de G. 9.600.000. Considerando la cantidad de funcionarios y la vigencia de dos años, en total la Corte deberá pagar G. 249.600.000.000 por este beneficio.
Aumento en plena crisis
Revisando los archivos se constató que en abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia de COVID-19, se realizó un llamado a licitación para este mismo servicio de seguro privado. Ya en ese entonces se pretendía adquirir un seguro que costaría G. 680.000 por cada funcionario.
Teniendo en cuenta que la duración del contrato iba a ser de tres años, para 13.000 funcionarios, en total la Corte pretendía gastar G. 318.000 millones. Al final, el llamado tuvo que ser cancelado debido al repudio ciudadano.
Es decir, considerando que con el nuevo llamado a licitación lanzado este año el seguro tendrá un costo de G. 800.000 por mes, la Corte desea adquirir un seguro aun más costoso que el del año pasado, en plena crisis económica en la cual se pide a las instituciones públicas aumentar esfuerzos para disminuir los gastos.
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Sobre por qué no se los incluye en IPS, como gran parte del sector privado, el titular de la Corte recordó que ya durante el gobierno de Fernando Lugo se rechazó en el Congreso esa posibilidad y la ley les obliga a contratar un seguro privado.
Incluso, aseguró que él considera mejor que los funcionarios tengan seguros del Instituto de Previsión Social, porque los servicios son más amplios y completos.
“Hay mucha gente que está siguiendo tratamientos continuos. Hay mucha expectativas de los gremios del Poder Judicial sobre la continuidad. El seguro médico es una obligación del Estado”, señaló sobre la licitación en curso.
Además, destacó que el seguro médico actual ya venció y tienen incluso una segunda prórroga que va hasta el 31 de enero, por lo cual realizaron este llamado a licitación.
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