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La Dra. María Antonieta Gamarra explicó que una de esas firmas intentó registrar la vacuna rusa Sputnik, pero solo un intermediario se presentó para solicitar el registro, no el fabricante. Explicó que la documentación presentada no tenía mucho respaldo de origen, solo eran fotocopias con sello de escribanía pero bastante dudosas.
“No teníamos a vista los originales”, explicó. Por ese motivo, se comunicaron con la empresa que intentaba traer la vacuna antiCOVID para informar lo relacionado a la documentación y que, además, la ficha técnica no concordaba con la que tenía el Ministerio. “Entonces, la empresa decide retirar su carpeta”, añadió.
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Asimismo, adelantó que también otra empresa ayer intentó registrar la misma vacuna pero el problema fue el mismo: la falta de documentación fiable.
“Estamos analizando hasta ahora, pero hasta ayer tenía el mismo defecto que el primero: los poderes y documentos de origen eran poco fiables. Debo asegurarme sobre todo qué relación tiene el intermediario con el fabricante. A mí me interesa que el fabricante directo traiga el producto para que yo tenga la garantía”, manifestó.
En otro momento, hizo énfasis en que como Ministerio ellos también están negociando fuertemente con los fabricantes de las vacunas, por lo tanto, están muy bien informados sobre el tema. “Por eso entendemos que el sector privado tampoco lo tenga. Es muy difícil que el sector privado tenga antes que nosotros”, añadió.
Acotó que este tiene el derecho de registrar la vacuna para la importación, siempre y cuando presente todas las documentaciones necesarias y confirme el registro sanitario fiable.
Firma ligada al clan Ferreira
Survycon SA tiene como representante legal a Gerardo Alvarenga Bonzi, hermano del concejal de Asunción José Alvarenga Bonzi (ANR, cartista).
Sin embargo, actas de asamblea de la firma revelan que el propietario de la empresa es Justo Rubén Ferreira Servín, dueño de las empresas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, ambas firmas ligadas al caso de los conocidos como “insumos chinos” que fueron rechazados por el Ministerio de Salud Pública en plena pandemia del nuevo coronavirus.
Tanto Imedic como Eurotec fueron sancionadas y sus directivos tienen procesos penales abiertos por falsificación de facturas para importar medicamentos presuntamente truchos.
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