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El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Hacienda a consideración del Congreso en diciembre último, unos 15 días antes del cierre de la actividad parlamentaria.
El nuevo sistema de compras públicas debía acompañar al referido proyecto de ley, como parte del paquete de reforma del Estado incluido dentro del plan de recuperación económica “Ñapu’ã Paraguay”, pero una vez más fue postergado.
Hacienda priorizó el plan que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, que bajo la denominación de “Proyecto de Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal” propone, entre otros puntos, ajustes en tres sectores: reglas macro-fiscales, en el Consejo Fiscal Asesor y la creación de un Fondo Soberano.
En lo que respecta a las reglas macro-fiscales, establece un tope a la deuda pública del 40% del producto interno bruto (PIB) estimado para el respectivo año fiscal, pero autoriza a incrementar por encima del referido límite en forma temporal para financiar el déficit, cuando se aplique la reglas de excepción o cláusula de escape.
La deuda pública cerró el año pasado en 33,5% del PIB, lo que equivale a casi US$ 12.000 millones, nivel muy por encima del 30% del PIB considerado por economistas locales y exministros de Hacienda como razonable y sostenible para un país como el nuestro.
En cuanto al déficit fiscal, hasta 1,5% del PIB cuando la deuda pública es menor a 36% del PIB y hasta 1% cuando la deuda sea igual o mayor al 36%. Sin embargo, podría ir hasta 3% del PIB al aplicarse las reglas de excepción, sea por declaración de emergencia por parte del Congreso o por una fuerte caída de la economía, sin necesidad de solicitar autorización.
Las finanzas públicas vienen cerrando desde hace nueve años con déficit, en estos dos últimos por encima del tope de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, de -2,8% y -6,2%, respectivamente, pero con autorización del Congreso.
Además, con el plan de convergencia fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda, este año cerrará con un saldo rojo de 4% del PIB y recién en 2024, ya con un nuevo gobierno instalado, se volverá al referido tope legal.
Con relación al Consejo Fiscal Asesor, se le daría mayores atribuciones y sus integrantes podrán cobrar dietas; mientras que en lo que se refiere a la creación del Fondo Soberano, se conformará de recursos provenientes de superávit fiscales (de acuerdo a las proyecciones, como mínimo se tendrá déficit hasta 2024), renta neta de inversiones del fondo y otros recursos autorizados por ley (no especifica, pero podría ser los fondos de Itaipú).
Estos fondos soberanos serán destinados a financiar proyectos de inversión pública y eventuales déficits fiscales, siempre y cuando procedan de la aplicación de las reglas de excepción establecidas.
Convergencia sin suba salarial
El proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que en el periodo de convergencia fiscal 2021-2024 no habrá aumento salarial, solo se permitirá crecimiento vegetativo para personal de salud y fuerzas públicas. Además, la ley una vez en vigencia se aplicará no solo a la administración central (Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Contraloría y otros), sino también a las entidades descentralizadas (entes autárquicos, empresas públicas, bancos oficiales y otros).