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“En el pliego de bases y condiciones, se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, dice taxativamente una de las observaciones realizadas por la Contraloría General al proceso de compra de un sistema informático realizado por el Instituto de Previsión Social.
El IPS destinará G. 39.886 millones (unos US$ 5,7 millones) para la adquisición de un sistema de gestión hospitalaria (HIS por sus siglas en inglés) para el hospital regional y los centros asistenciales de la previsional en el departamento de Alto Paraná.
El proceso figura bajo el ID 374.857 en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según los documentos que constan allí, la firma adjudicada es Green SA, representada por Hugo Wilson Armoa.
El proceso de licitación había sido frenado ya en mayo pasado, luego de que la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft), denunciara una serie de irregularidades en el llamado. Sin embargo, la previsional siguió con el proceso y finalmente volvió a adjudicar a la empresa de Armoa, un exfuncionario de la Fundación Tesãi de Itaipú, en la semana de las fiestas de fin de año.
Numerosas irregularidades
La denuncia de la Cisoft generó que intervinieran en el proceso tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General.
La DNCP ordenó la anulación de la adjudicación de Green en octubre, pero el IPS insistió.
La CGR, por su parte, detectó varias irregularidades.
El ente de control abrió una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre varias de las compras realizadas por la previsional, entre ellas la adquisición del sistema informático.
El primer punto cuestionado por la CGR fue que el IPS no presentó evidencia alguna sobre la realización de un estudio que justificara la necesidad para la adquisición.
La previsional intentó justificar la carencia de ese estudio en su descargo, pero la CGR concluyó que no se remitió documento alguno que confirmara la realización del estudio ni información nueva al respecto.
Proceso direccionado
El punto más grave es el que aparece en la observación 11 del Informe Final de la FEI realizada por la CGR. “En el pliego de bases y condiciones, se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, señala el documento al respecto.
En resumidas cuentas, el órgano de control detectó direccionamiento en el pliego de bases y condiciones de la licitación.
El organismo contralor cuestionó a la previsional que haya exigido experiencia de 180 días en la implementación de un producto en particular y no así de experiencia en el rubro informático.
“El IPS requiere contar con una solución actualmente en uso, al tiempo de reducir los tiempos de implementación”, fue la respuesta presentada por la previsional como descargo a la observación realizada por la Contraloría General.
“La institución no dio respuesta a los aspectos puntualmente señalados por el Equipo Auditor, basados en el análisis de las condiciones establecidas en el PBC, ni a las consideraciones expuestas por diversos estamentos de la sociedad, a través de los medios de comunicación social, y que fueron puestos a conocimiento del IPS a efectos de una mayor comprensión de lo observado y favorecer su mejor respuesta”, señaló la CGR.
Finalmente, la Contraloría concluyó que la licitación violó la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. En particular, el artículo 4 que habla de igualdad y libre competencia.
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