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Cerca de las 10:00 de este martes se dio inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso para tratar, principalmente, el estudio del proyecto de ley que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de vacunas contra el COVID-19.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acudió para poner a consideración el proyecto y explicó que el objetivo es lograr una compra más rápida de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Explicó que si las dosis se traen por el Mecanismo Covax llegarían entre mayo y junio, pero si se realizan compras directas a las farmacéuticas que las producen podrían traerse antes.
“Sin esa herramienta vamos a depender exclusivamente del sector privado para las compras por fuera del Mecanismo Covax. Si no tenemos esta posibilidad no vamos a poder suscribir los contratos, entonces vamos a tener que esperar que el sector privado importe estas vacunas”, añadió Mazzoleni.
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La iniciativa plantea que Salud requiere suscribir contratos con los laboratorios que cuenten con las vacunas, en carácter de emergencia y con varias cláusulas, “que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligentes”.
Un punto llamativo es que el proyecto también agrega la facultad al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio, de incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad en los contratos de adquisición de vacunas contra el COVID-19. Sobre el punto cabe recordar que ayer el Ministro adelantó que las compañías son las piden la firma de acuerdos de confidencialidad que indican que no se puede dar a conocer la negociación hasta la firma del contrato.
Por último, se establece que las facultades y autorizaciones establecidas por la mencionada iniciativa tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por Ley Nº 6.524/20.
En el documento no se prevé nada relacionado a la regulación de los precios.
Se convocó a una sesión extra en la Cámara de Diputados para tratar este asunto mañana, pero hasta el momento se desconoce quiénes son los proyectistas, reportó el periodista de ABC Edgardo Romero.
El proyecto fue presentado a la Comisión Bicameral por los senadores Antonio Barrios, Zulma Gómez, Óscar Salomón, Fernando Silva Facetti, Blanca Ovelar y Arnaldo Franco.
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Se va a respetar el plan nacional de vacunación contra el coronavirus
Al culminar su participación en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso, el ministro Julio Mazzoleni brindo una serie de puntualizaciones sobre el proyecto de ley y la adquisición de vacunas por parte del sector público. Según explicó, todas las vacunas que sean aplicadas por el Ministerio de Salud serán gratuitas mientras que las del sector privado tendrán un costo, que será regulado por la cartera sanitaria.
Igualmente, Mazzoleni expresó que en caso de que las vacunas generen efectos adversos graves, el Estado deberá hacerse cargo de dichos pacientes. Sobre este punto, refirió que los efectos adversos que han presentado las vacunas son leves, similares a los que producen las aplicaciones de cualquier otras vacunas. Destacó que nuestro país va a adquirir las dosis que hayan presentado evidencia científica de su efectividad. “Las vacunas son seguras y tienen criterios más estrictos que los medicamentos”, subrayó.
También resaltó que el Ministerio de Salud no pondrá trabas para que el sector privado importe las vacunas, siempre y cuando presenten los respectivos registros sanitarios. “La gente puede estar tranquila. El plan nacional de vacunación se va a respetar”, subrayó.
Puntualizó, que la vacunación será voluntaria y que en principio abarcará al 30% de la población, priorizando a los sectores de riesgo.
Sobre el proyecto de ley mencionó que desde la regencia sanitaria están abiertos a incorporar los artículos sugeridos por los legisladores, quienes son los responsables de perfeccionar la normativa. No obstante, señaló que una reglamentación en demasía podría generar más obstáculos que beneficios en el proceso.
La meta es tener vacunas en este primer trimestre del año, según apuntó.
Con relación a los fondos con los que se cuenta para la adquisición de las vacunas recordó que en el mecanismo Covax ya fueron invertidos US$ 7 millones y existen otros US$ 40 millones reservados. Además, se cuenta con fondos del Ministerio de Hacienda, relacionado a catástrofes y epidemias que orillan los US$ 90 millones.
Sobre la posibilidad de que el sector privado concrete compras de vacunas antes que el Estado, el ministro resaltó que los laboratorios hicieron un compromiso de priorizar a los Estados antes que a los compradores privados. Por otra parte, indicó que si las compañías privadas tienen acceso se verá de negociar con estas para respetar el plan nacional de vacunación. “No se puede dar que un participar sin factores de riesgo sea vacunado antes que un personal de blanco que está trabajando, por ejemplo”, aseveró.