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El abogado defensor de Patricia Ferreira y Nidia Gody Ojeda, presidenta y directora de Imedic, respectivamente, solicitó a la Fiscalía un procedimiento abreviado para sus defendidas, en la investigación que enfrentan por presunta falsificación de facturas para el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país. Según el abogado Andrés Casati, las imputadas están dispuestas a admitir el hecho y reparar el daño con la donación de 50 camas de terapia intensiva, con tal de no ir a juicio oral y que se les otorgue la suspensión del procedimiento.
El defensor técnico de las imputadas manifestó que Andrés Casati sabe que la fiscal general adjunta Soledad Machuca ya recibió la propuesta en dos ocasiones en un lapso de dos meses, pero hasta el momento solo han recibido el silencio como respuesta.
El jurista argumentó que para la figura penal de uso de documentos no auténticos sí corresponde la salida procesal que plantea, pues se trata de un procedimiento abreviado que se ajusta al marco penal, así como a las disposiciones legales de fondo y forma del código penal.
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“Sobre todo se ajusta a la política criminal sostenida por el Ministerio Público. El señor Roberto de Asis, hermano de Ronaldinho, fue beneficiado con un procedimiento abreviado, una pena de dos años y suspensión de la condena con una reparación social de 100.000 dólares; el Ministerio Público le ofreció eso”, comparó el abogado antes de reafirmarse en que solicita lo mismo para sus clientas.
Camas cuestan USD 350.000, dice abogado
“Proponemos una condena de dos años y una suspensión condicional con una reparación social consistente en una donación de 50 camas de terapia intensiva, quie en este momento son de extrema necesidad por la pandemia”, explicó.
Casati resaltó que no solo se debe considerar el valor económico de la donación, que, según dijo, es de aproximadamente USD 350.000, sino que también se debe tener en cuenta el producto en sí “que está en falta en Paraguay y ayudaría a salvar vidas”, puntualizó.
Expresó que no comprende por qué el Ministerio Público se niega a brindar “igualdad ante la ley”, a sus defendidas, cuando en casos como el de Ronaldinho sí otorgó la misma salida alternativa.
“Estamos ante el uso de documentos privados; no ha tomado ni interés de asumir querella la supuesta víctima. La supuesta asociación criminal cae de maduro que no existió, no se dan los presupuestos”, continuó defendiendo el abogado.
Señaló que tampoco comprenden por qué se extiende la investigación, pues a su entender esto es en vano. “Si se fijan en la carpeta no hay incorporaciones nuevas, sin embargo se solicitó una prórroga de seis meses más, solo para torturar sicológicamente a mi defendida”, sostuvo Casati.
El caso
Patricia Ferrera Pascottini y Nidia Godoy Ojeda están procesadas por supuesta asociación criminal, producción y uso de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados, por lo que la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías que disponga la prisión preventiva.
En esta causa, la jueza Lici Sánchez había ordenado el arresto domiciliario de las imputadas, pero el Ministerio Público apeló la resolución y un Tribunal de Apelaciones revocó la medida cautelar otorgada a las procesadas.
Las defensas plantearon un incidente de nulidad del fallo, pero la Cámara no hizo lugar al planteamiento.
Tiene arresto en la otra causa
Por su parte, Patricia Ferreira tiene otro proceso judicial junto a su padre Justo Ferreira, por supuesto contrabando y otros delitos, por el ingreso irregular de camas hospitalarias al país. En dicha causa, el 27 de noviembre pasado el juez Mirko Valinotti ordenó el arresto domiciliario de ambos imputados, pese al pedido de los fiscales Osmar Legal, Diego Arzamendia y Jorge Arce, que ratificaron el requerimiento de prisión formulado al inicio del proceso. Valinotti argumentó que los hechos investigados son delitos.