Lichi afirma que Procuraduría recomendó acuerdo con firma argentina

A través de su cuenta de Twitter, el titular de Petropar, Denis Lichi, realizó un relato del cuestionado acuerdo con la firma argentina Texo OIL SRL y subió documentos oficiales. Sostuvo que la Procuraduría recomendó el acuerdo extrajudicial afirmando que representaría un ahorro para el Estado paraguayo.

Uno de los documentos publicados por Denis Lichi, en el cual la Procuraduría recomienda la firma del acuerdo.
Uno de los documentos publicados por Denis Lichi, en el cual la Procuraduría recomienda la firma del acuerdo.Twitter, Denis Lichi.

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“Con la transparencia que me caracteriza y mi compromiso con la verdad, publico la secuencia de lo sucedido en el caso Petropar/Texos, con documentos oficiales”, anunció Lichi en su cuenta de Twitter.

Primeramente, señaló que la Procuraduría General de la República, como representante constitucional de Estado, envió una nota a Petropar aseverando la conveniencia de acordar con la demandante.

En el documento anexado en ese punto se ve que la PGR recomienda la subscripción de un acuerdo conciliatorio a fin de dar por finiquitado el conflicto jurídico, “teniendo en cuenta el análisis de los hechos ya ocurridos y el beneficio para Petropar que traerá el acuerdo”.

Señala que el ofrecimiento implica la quinta parte del capital, intereses y costos del juicio, además de los honorarios de los abogados. “La petrolera se estaría librando de pagar un monto aun mayor, sumadas las deudas accesorias inherentes al juicio, en caso de ser condenado por el Juzgado”, afirma la Procuraduría.

Este documento está firmado por el procurador renunciante, Sergio Coscia.

Lichi también publica en su Twitter un correo del 19 de octubre, en el cual el abogado Alberto Mendoza, director jurídico de Petropar, le señala que tras recibir informes de la Procuraduría General de la República pueden indicar que el acuerdo representaría un ahorro del 78% para el Estado paraguayo “en la ecuación del riesgo que constituye la demanda”.

También el titular de Petropar subió otro documento en el cual la Procuraduría General de la República informa que, de acuerdo a su estudio, existe una posibilidad jurídica de que la petrolera sea condenada a pagar en al menos tres de los siete rubros demandados y solicita iniciar los trámites necesarios.

En los papeles adjuntados en este tuit, la Procuraduría indica que realizaron la contrapropuesta de U$S 6.989.750 con el objeto de “obtener un beneficio patrimonial para la petrolera estatal” y Texos SRL aceptó el acuerdo.

“En consecuencia, y con el objeto de culminar los trámites judiciales para poner fin al litigio judicial en cuestión, solicitamos a la entidad estatal se sirva disponer los trámites necesarios para contar con la disponibilidad presupuestaria, habida cuenta del beneficio obtenido”, se señala en este documento también firmado por Coscia.

A continuación, Lichi señala que el 2 de diciembre pasado fue convocado a la sede de la Procuraduría para la firma del acuerdo conciliatorio.

Finalmente, también a través de la misma red social “reafirma” su compromiso con la transparencia, por lo cual pone a disposición todos estos documentos y lo que sea necesario “para tranquilidad de la ciudadanía” y también los remitió a todos los organismos de control y al Congreso Nacional.

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Antecedentes

Luego de que el acuerdo saliera a luz se anunció que sería anulado. Con este “pacto conciliatorio” se buscaba finiquitar una demanda que la compañía Texos OIL SRL entabló contra el Estado en 2011.

Según los datos que se manejan, la mencionada firma argentina ganó un concurso de Petropar y fue adjudicada el 10 de diciembre de 2009 tras haber presentado la “mejor” oferta para el suministro de gasoil.

Sin embargo, después Petropar resolvió anular la adjudicación, alegando que no quería suscribir un contrato de US$ 68 millones con una empresa que poseía un capital de solamente 10.000 pesos en la Argentina.

Luego de que la demanda no prosperara en la Justicia argentina, en 2011, Texos demandó en Paraguay al Estado y reclamó US$ 31,3 millones, supuestamente por daño empresarial, gastos de licitación, obligaciones con otras proveedoras, lucro cesante, entre otros.

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