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“No tengo idea del tema”, expresó ayer el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, cuando se le consultó si llegó a enterarse del acuerdo secreto que firmaron la Procuraduría y Petropar con la empresa argentina Texos Oil SRL, representada por Sergio Guillermo Marsiletti, con el cual pretendían pagar US$ 7 millones a la compañía extranjera, para finiquitar una demanda que esta presentó contra el Estado. El convenio finalmente fue revocado el miércoles, luego de trascender en los medios.
Asimismo, el ministro señaló que se informó sobre el caso a través de los medios de comunicación, mientras que el presidente de Petropar, Denis Lichi, no se hace encontrar, pese a que nuestro diario lo viene buscando desde el miércoles último, para tener su versión sobre el golpe millonario que casi consumaron.
Además, se logró contactar con el juez de la causa, Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la Capital, quien aseveró que tanto Petropar como Texos manifestaron al juzgado su conformidad de anular el convenio conciliatorio extrajudicial, lo que significa que seguirán con el juicio. En este sentido, dijo que la sentencia del caso saldrá en la brevedad y mencionó que no puede adelantar nada sobre el procedimiento por su posición.
Contraloría y DNCP ya “abren el paraguas”
Mientras tanto, el director jurídico de Petropar, Alberto Mendoza, señaló que administrativamente la empresa estatal quedó en falta, por no firmar el contrato que le adjudicó a Texos en el 2009 para la compra de gasoíl y que incluso este “error” fue confirmado en su momento por la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Agregó que ambas instituciones coincidieron en que Petropar debió identificar los incumplimientos de Texos antes de la adjudicación y no después, como se hizo. “Incluso la DNCP realizó una investigación de oficio y la Contraloría también hizo una auditoría y las cuáles señalan explícitamente que el hecho de no haber firmado contrato, luego de haber resuelto la adjudicación, es una falta administrativa que genera derechos y va a producir un daño patrimonial al Estado”, indicó.
Aseveró que la defensa del Estado en el juicio se centrará en sostener que no se firmó el contrato. “El Estado paraguayo no tiene otra opción más que sostener que no se firmó el contrato”, expresó el funcionario.
A su turno, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, agregó que la Ley 2051 no prevé la cancelación de un llamado luego de una adjudicación y que pedirá un informe sobre el caso Texos, para un mejor análisis del tema que afecta a los intereses del Estado.
Este no sería el único “arreglo” entre el Estado con una proveedora de Petropar, ante posibles demandas.
Adjudicación data del año 2009
Texos Oil SRL ganó un concurso de Petropar el 10 de diciembre de 2009 (durante el gobierno de Fernando Lugo), tras haber presentado la “mejor” oferta para el suministro de gasoíl, pero después resolvieron anular la adjudicación y Petropar alegó que no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con una empresa que poseía un capital de solamente 10.000 (2009) pesos en la Argentina. Al no concretarse la firma del contrato, la empresa demandó al Estado paraguayo en Argentina, donde la causa no prosperó, por lo que el caso se trajo a los tribunales locales en 2011. La fallida adjudicación fue para comprar entre 21.000 m3 y 42.000 m3 de gasoíl para ser entregados en camiones hasta Villa Elisa y Hernandarias.