Cargando...
El procurador general de la República, Sergio Coscia, y el director jurídico de Petropar, Alberto Mendoza, solicitaron ayer la revocación del polémico acuerdo que firmaron el 2 de diciembre pasado con la empresa argentina Texos Oil SRL, con el cual pretendían pagarle US$ 7 millones a esa firma. Con ese “pacto conciliatorio” se buscaba finiquitar una dudosa demanda que la compañía del país vecino, representada por Sergio Guillermo Marsiletti, entabló contra el Estado en 2011, luego de que se le haya cancelado una adjudicación de la petrolera estatal para la compra de gasoíl en 2010.
Según confirmó ayer Coscia, de este convenio no estaban enterados el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ni el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, o la Abogacía del Tesoro.
El pedido de anulación del criticado acuerdo fue remitido al juez de la causa, Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la Capital, que ahora deberá continuar con el juicio de la demanda contra el Estado, que está en “autos para sentencia”, según indicó Mendoza a nuestro diario. Se le consultó si con esta solicitud queda sin efecto el convenio “conciliatorio” entre Texos y el Estado y manifestó que con “la sola declaración de cualquiera de las partes, de que el acuerdo no podrá ser cumplido, extingue el mismo” y que el juez “no tiene otro camino que proseguir” con el juicio.
Antecedentes del caso
Según los datos que había publicado nuestro diario, Texos Oil SRL ganó un concurso de Petropar y fue adjudicada, una subasta a la baja electrónica, Nº 168/09, del 10 de diciembre de 2009 (durante el gobierno de Fernando Lugo), tras haber presentado la “mejor” oferta para el suministro de gasoíl. Según la Resolución Nº 449/09 de Petropar, firmada el 23 de diciembre de 2009 por Juan González Meyer, entonces presidente de la entidad, “Texos presentó la mejor y más conveniente oferta”. Sin embargo, después resolvieron anular la adjudicación y Petropar alegó que no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con una empresa que poseía un capital de solamente 10.000 pesos en la Argentina.
Al no concretarse la firma del contrato, la empresa demandó al Estado paraguayo en Argentina, donde la causa no prosperó por “excepción de competencia territorial” y “el tribunal determinó que el juicio debía llevarse adelante en Paraguay y no en Argentina”, explicó el asesor jurídico de Petropar.
Es así que en el 2011, Texos demandó en instancias locales al Estado y reclamó US$ 31,3 millones, supuestamente por daño empresarial, gastos de licitación, obligaciones con otras proveedoras, lucro cesante, entre otros. La fallida adjudicación fue para comprar entre 21.000 m3 y 42.000 m3 de gasoíl para ser entregados en camiones hasta Villa Elisa, y de entre 39.000 m3 y 78.000 m3, para Hernandarias.
Para procurador era mejor pagar los US$ 7 millones
Coscia dijo ayer en conversación con ABC que él “consideró” que el monto por el que se arregló estaba bien. “Yo considero que es mejor arreglar por un monto menor y no por una condena de US$ 31 millones para arriba. Nosotros no vamos a pagar los honorarios a esta gente”, dijo el procurador en conversación con ABC. El titular de la Procuraduría no supo explicar por qué llegó a un acuerdo sobre un juicio que puede seguir adelante y que Paraguay podría ganar.
Vale señalar, además, que Sergio Guillermo Marsiletti aparece en los “Panamá Papers” como parte de una empresa de portafolio llamada Fultrade Investments, que fue comprada en julio de 2012 por los empresarios argentinos mientras mantenían esta disputa judicial con Petropar. Según trascendió entonces, Texos quería poner el dinero que hasta ahora no puede cobrar en esta empresa. De acuerdo con lo que declaran varios de los involucrados en el procedimiento, ya en esa época se negociaba un arreglo extrajudicial con representantes de Petropar.
Piden informe y plantean echarlo
Diputados presentaron ayer un pedido de informe a la Procuraduría General de la República para que el ente explique su cuestionado aval a un acuerdo secreto que pretendía “regalar” US$ 7 millones a una dudosa firma argentina que demandó a Petropar.
“Se informó que dejaron sin efecto el acuerdo. De todos modos el pedido sigue”, aclaró Kattya González (PEN). La parlamentaria señaló que, en caso de evidenciarse la actuación del procurador, Sergio Coscia, corresponde separarlo del cargo y que el Ejecutivo elija a otro para el puesto.
La nota fue firmada por los diputados Kattya González y Norma Camacho del PEN; Rocío Vallejo, Sebastián García y Sebastián Villarejo del PPQ; Carlos Rejala y Tito Ibarrola de Hagamos; Jorge Britez (Ind) y Édgar Acosta (PLRA).
El pedido fue presentado ante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados pero no fue aprobada en la víspera. La nota fue remitida a la Comisión Permanente del Congreso, la cual a su vez solo puede volver a convocar a la Cámara de Diputados para tratar esta solicitud.