CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Un grupo de presuntos sintierras hostigan a los propietarios de la firma Italo SA, dueña de un inmueble de 308 hectáreas ubicado en la compañía Costa Pucú de esta localidad. El grupo es encabezado por Tomás Campuzano, condenado en el año 2013 junto a la exministra Judith Andraschko por desmonte y comercialización de recursos forestales para instalar un asentamiento.
Campuzano se jacta de tener muchas influencias políticas y de estar relacionado con altas autoridades del gobierno central.
En un juicio de interdicto de retener la propiedad impulsada por Italo SA ante el Juzgado Civil y Comercial del Primer Turno a cargo de Verónica Almirón de Alfonzo contra los presuntos invasores, Campuzano declaró ante la magistrada que habló con el jefe regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogado Jorge Cabañas.
Supuestamente, dijo, Cabañas le anotó su número de celular en un papel y le recomendó conformar una comisión de sintierras para solicitar una nueva mensura de la propiedad.
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En comunicación telefónica con esta corresponsalía, Cabañas negó ese hecho.
Afirmó que no conoce a Campuzano y que no sabe con qué autoridad lo mencionó en la citada audiencia.
Añadió que desde el Indert no avalará ningún tipo de invasión ni autorizaría la conformación de comisión alguna, considerando que el lugar no existen excedentes como mencionan los cabecillas de los “sintierras”.
El inmueble
La propiedad de 308 hectáreas tiene título y una mensura judicial. Fue adquirida en el año 1996 por Italo SA, representada por el abogado Miguel Gorostioga, de la familia Pino, que fue la primera propietaria.
En el lugar fueron realizados cuatro loteamientos por Idesa y quedan 242 hectáreas como reserva a desarrollar. Precisamente, en los primeros días de septiembre de este año estaba por comenzar un nuevo proyecto de loteamiento y desarrollo turístico rural en el lugar, cuando encontraron en el sitio campamentos improvisados de ocupantes ilegales.
La primera invasión
En la primera invasión realizada el 8 de septiembre la mayoría de los ocupantes precarios huyeron cuando llegó al sitio un contingente de la Policía Nacional. En el lugar solamente se quedó Bartolomé Orrego López, quien dijo que fue contratado por un tal “Giménez” para alambrar 80 hectáreas en el lugar.
El 20 de setiembre Tomás Campuzano, quien dice ser presidente de la Coordinadora de Asentamientos del Paraguay (Conapa) y Alberto Salvador Quintana, quien se identificó como presidente de la Unión Nacional
de Asentamientos, acompañados de otras personas, instalaron más carpas en el sitio. Para el efecto derribaron algunos árboles ubicados en loteamientos vecinos y utilizaron parte de la calle pública, frente al terreno al que amenazan con ingresar.
De acuerdo a los testimonios, los presuntos sintierras actúan de forma muy belicosa, amenazando con armas de fuego y otros elementos a los guardias de la propiedad que pretenden.
El caso fue denunciado y la investigación está a cargo de la fiscala de Caacupé Gloria Gamarra.