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La etapa de producción de pruebas finalizó ayer con la introducción de las últimas evidencias ofrecidas por las defensas y la Fiscalía, cuyos agentes aseguran que pese a la exclusión de los audios filtrados y divulgados entre noviembre y diciembre de 2017, probarán el tráfico de influencias y la asociación criminal entre el exsenador Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann, el abogado Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto.
Sin embargo, ayer no se pudieron extraer los datos de un DVR (digital video recorder) del circuito cerrado de la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque los fiscales Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme no tenían la contraseña del equipo que fue incautado en diciembre del año 2017.
Ante la imposibilidad de acceder a la información del equipo que se ofreció como prueba de la acusación en contra de los procesados, la fiscala Sussy Riquelme se limitó a resaltar la ubicación de las cámaras del circuito cerrado del JEM. “Acceso principal, recepción, pasillo, pasillo, escalera, Oliva, escalera, pasillo, pasillo”, dijo la agente fiscal.
Además del DVR, en el juicio oral también fueron introducidas como pruebas dos CPU que pertenecían a las computadoras utilizadas por Fernández Lippmann, en su función de secretario de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento, y la que era utilizada en mesa de entrada de la institución.
Los datos contenidos en estas máquinas fueron extraídos en la sala donde se desarrolla el juicio oral, por dos consultores técnicos que designó la Fiscalía y uno nombrado por las defensas.
Otras pruebas
Además de las aparatos incautados del local del JEM, el Ministerio Público presentó como prueba en contra de los acusados el informe de auditoría que la propia Corte Suprema de Justicia ordenó, respecto a las causas en las que OGD, su “partner” Raúl Fernández Lippmann, Oviedo Matto y Carmelo Caballero habrían apretado a jueces y fiscales.
Además se presentó el cruce de llamadas que evidencia la constante comunicación entre los acusados.
El exsenador colorado, su exsecretario y el abogado Carmelo Caballero, según la acusación fiscal, operaron para remover a través del JEM a la fiscal Teresa Rojas por sus actuaciones en la causa “Electrofácil”, en la que imputó y pidió prisión preventiva para Luis Emilio Saguier Blanco, quien tenía como representante legal al profesional del derecho que está actualmente enjuiciado.
González Daher también está acusado por utilizar sus influencias con la jueza Adriana Pedretti para que esta designe al exintendente de Mariano Roque Alonso, Walberto Zárate y amigo del exsenador colorado, como depositario judicial de una retroexcavadora de la firma El Farol, que se dedica a la recolección de residuos.
Por su parte, Oviedo Matto está acusado por tráfico de influencias en el caso de la fiscal Casse Giménez, a quien supuestamente pidió la suma de 10.000 dólares, o por lo menos US$ 5.000, para operar con los demás miembros del JEM, a fin de concretar el enjuiciamiento de la agente fiscal Karina Giménez, aprovechando su condición de integrante del cuerpo colegiado.
Los hechos atribuidos al exsenador por la ANR tienen una expectativa de pena de hasta 5 años, pero con el concurso de los hechos podría ser condenado a 7 años y medios de cárcel.
OGD no prestará declaración
El juicio oral y público continuará el martes 22, a las 8:30, con la declaración del exsenador Jorge Oviedo Matto ante los jueces del tribunal; Juan Carlos Zárate (presidente), Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga.
Las defensas de Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero ya comunicaron que los acusados no harán uso de ese derecho procesal.
Tras la declaración de Oviedo Matto la Fiscalía y las defensas presentarán sus requerimientos finales y luego el tribunal dictará la sentencia del caso, que ya sería el miércoles 23.