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La protección judicial permitió que la rosca encabezada por el abogado Gustavo Dos Santos Ros se hiciera con una valiosa propiedad en el Chaco, a pesar de que el inmueble ya estaba registrado a nombre del banco BBVA.
La historia viene así.
Un remate y varias irregularidades
El banco BBVA Paraguay era acreedor hipotecario de Alberto “Tuti” Pereira Johansen por unos G. 6.200 millones.
Pereira Johansen fue condenado por encabezar un esquema de estafa que dejó un tendal de afectados a principios de la década anterior.
Fue así que el 26 de febrero de 2013, el banco de plaza se adjudicó una propiedad de casi 2.000 hectáreas ubicada en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, por valor de G. 3.200 millones, en un remate público. En abril de 2013 el inmueble fue inscripto preventivamente a nombre del banco.
Más de un año después, en 2014, un hombre identificado como Óscar Ávila inició un juicio de usucapión contra la misma propiedad que pertenecía originalmente a Pereira Johansen. Su argumento era ser único heredero de su padre, Alberto Ávila.
Con una rapidez inusual, para marzo de 2014, el juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Daniel Gómez, falló a favor de Ávila. Gómez fue el mismo que ordenó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pague más de G. 14.000 millones al equipo de abogados encabezado por Gustavo Dos Santos Ros en el marco de una venta de tierras que fue duramente cuestionada.
Precisamente, Dos Santos Ros también estaba por entrar en escena en este llamativo proceso.
El 23 de diciembre de 2014, dentro del juicio de usucapión iniciado por Ávila, se ceden gratuitamente los derechos de adjudicación a favor de Ezequiel Bogado Ros, primo del abogado Gustavo Dos Santos Ros.
A partir de ahí, la historia solo empeora en materia de irregularidades y llamativas decisiones.
Rechazo inicial
En marzo de 2015, más de dos años después de la adjudicación a favor del citado banco, Ezequiel Bogado Ros presenta una tercería de dominio en el expediente en el que se realizó la subasta. La propiedad ya estaba inscripta preventivamente a nombre del banco BBVA.
La tercería de dominio es un procedimiento contemplado en el fuero civil, para que el titular de un bien pueda impugnar el embargo del mismo por un tercero.
Es un mecanismo de defensa para trabar un embargo, alegando que el bien en realidad pertenece a una tercera persona. Sin embargo, si esa tercera persona no ejercita los derechos que la ley concede a los propietarios, el embargo queda firme.
La jueza de Primera Instancia de San Lorenzo, Blanca Rojas de Brítez, decidió rechazar el planteamiento de Bogado Ros alegando extemporaneidad y su absoluta improcedencia.
En agosto de 2016, el tribunal de Apelación, primera sala, de San Lorenzo, integrado por Santiago Brizuela, Víctor Ramón Caballero y Ramón Adalberto Insfrán, revocó la resolución de la jueza. Y en un fallo, cuanto menos llamativo, ordenó cancelar la inscripción de la propiedad a nombre del BBVA, así como la hipoteca y cualquier otra anotación, ordenando se inscriba a favor de Bogado Ros.
Secretaria ocupante
Un punto que no deja de llamar la atención es que en el marco del juicio de usucapión, cuando el juez Gómez se constituyó en la propiedad reclamada se encontró con supuestos ocupantes. Una de esos ocupantes, según los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, era Yolanda Coronel.
Coronel trabaja con el abogado Gustavo Dos Santos Ros y aparece como supuesta propietaria de un inmueble de más de 3.400 hectáreas que originalmente pertenecían al alemán Nikolai Neufeld en el departamento de Caazapá, a cientos de kilómetros, y que pretendían vender al Indert.
Protección de la Corte
Como si el fallo del tribunal de segunda instancia de hace algunos años no hubiera sido suficiente, la Sala Constitucional de la Corte también se sumó a la lista de irregularidades.
En 2020, en plena pandemia, la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por los representantes legales del BBVA contra la decisión que permitió que la rosca de Dos Santos Ros se hiciera con la valiosa propiedad en el Chaco.
Los cuestionados Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica votaron por el rechazo. El voto en disidencia fue del ministro Manuel Ramírez Candia, quien cuestionó duramente la inconstitucionalidad de los actos.
Así, usando la protección del sistema judicial, el esquema consiguió quedarse con una valiosa propiedad.
Historial de despojos
El equipo de abogados, liderado por Gustavo Dos Santos Ros, logró vender en el año 2013 al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) un terreno de 3.001 hectáreas en San Pedro del Paraná (Itapúa) perteneciente al colono alemán Nikolai Neufeld. El precio de venta inicial era de G. 21.012 millones, pero el ente agrario terminó pagando G. 24.708 millones tras una disposición judicial firmada por el entonces juez de la Niñez y Adolescencia de Villa Hayes, Daniel Gómez Rambado.
Además intentó vender otra propiedad más. El extitular del Indert, el acusado Justo Cárdenas, relató en 2013 que existía fuertes presiones para el pago.