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Diputados de todos los bloques partidarios, en una primera vuelta, rechazaron el proyecto de ley bajo el argumento de que se contrapone con la ley de declaraciones juradas de bienes y rentas y que la normativa presenta varios errores.
La Cámara de Senadores se ratificó en su aprobación y si Diputados quiere mantenerse en su rechazo precisará de una mayoría absoluta de dos tercios (53 votos) para archivar la norma; de no reunir los votos, la ley quedará sancionada y será remitida al Ejecutivo.
La comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó y recomendó ayer al pleno ratificarse en su rechazo. El proyecto figura como octavo punto para la sesión de hoy convocada a las 10:00.
El senador Derlis Osorio (ANR), autor del proyecto de ley considera que la aplicación de la norma logrará una mayor transparencia para combatir la corrupción y la impunidad en las instituciones públicas.
El parlamentario había señalado que existen casos de funcionarios que son propietarios o socios de empresas que trabajan con el Estado, que cuentan con información privilegiada y usan indebidamente sus influencias para conseguir grandes contratos.
La semana pasada la diputada Celeste Amarilla (PLRA) volvió a ratificar su denuncia al señalar que varios parlamentarios ingresaron no sólo con dinero sucio o de origen espurio, sino con dinero de la usura y de las licitaciones que consiguen con el Estado.
El Frente Parlamentario contra la corrupción y la impunidad, presidido por la diputada Kattya González (PEN) viene trabajando hace meses en un proyecto de ley de conflicto de intereses que pretende presentarse recién el año que viene.
La diputada encuentrista había fundamentado su posición en contra señalando que estaban cansados de rehacer leyes y que Osorio debía hacerse cargo de su proyecto tal cual estaba redactado.
El proyecto
De aplicarse la ley alcanzará al presidente y vicepresidente de la República, ministros, directores generales, directores, jefes, coordinadores de regidos por la ley de la Función Pública. También a senadores, diputados y parlasurianos, intendentes, concejales y ministros de Corte, entre otros.