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La gran estafa perpetrada

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Neufeld vendió tierras a sus compatriotas y  sus “apoderados” las revendieron al Estado.
Neufeld vendió tierras a sus compatriotas y sus “apoderados” las revendieron al Estado.Archivo, ABC Color

En el año 2013, el entonces embajador alemán Claude Robert Ellner denunció que el Indert pagó US$ 2,5 millones por las tierras de Nikolai Neufeld, preso en Alemania por estafa, a pesar de que existía una orden judicial de no innovar en la propiedad.

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La queja del representante diplomático puso nuevamente en el foco de la tormenta el caso de la denominada Colonia Neufeld ubicada entre Caazapá e Itapúa.

Neufeld convenció a unos 200 compatriotas suyos para establecer una colonia en Paraguay. Les vendió las tierras a 2.400 euros la hectárea y luego desapareció.

Esas mismas fincas fueron vendidas luego al Indert. Este organismo estatal adquirió unas 3.000 hectáreas tasadas en US$ 5 millones durante la administración del liberal Juan Carlos Ramírez Montalbetti al frente de la institución.

A pesar de las advertencias del embajador alemán, el Instituto procedió a pagar a un supuesto apoderado: Marcos Andrés Ibarrola, cuyo poder no fue firmado por Nikolai Neufeld, sino por Heinrich Lowen, también ciudadano alemán, que alega igualmente tener el poder de Neufeld, aunque no figura en el expediente.

En 2013, nuestro diario publicó que la firma de Marcos Ibarrola en el comprobante de pago del Indert es muy diferente a la firma que figura en la cédula del supuesto apoderado.

Los supuestos representantes de Neufeld utilizaron los poderes generales amplios para realizar las transferencias de inmuebles.

El Indert en realidad nunca tuvo trato alguno con el ciudadano alemán que se encontraba entonces preso por estafa en su país, luego de que varios de los que vinieron a Paraguay detrás de sus promesas volvieran para denunciarlo. El acuerdo fue siempre con Ibarrola y Weber.

Quien también fue presidente del Indert, el acusado Justo Cárdenas, dijo que también le llamaba la atención que estaba todo preparado para que en menos de tres meses se cancelara el pago de G. 21.000 millones.

Y denunció fuertes presiones desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para el pago de los G. 10.500 millones restantes.

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