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La ley N°4392 que crea el Fonaress fue sancionada en 2011 y su objetivo era “permitir el acceso a las personas sin cobertura de seguro a costosos servicios de alta complejidad, y otorgarles protección financiera ante esta necesidad”. “La ley del Fonaress existe pero no sirve para nada, no funcionó nunca, no se reglamentó”, señaló al respecto la doctora Meza, del gremio de médicos.
Entre la cobertura médica cubierta por dicho fondo se incluía todo lo referente a insuficiencia renal, mediante diálisis; cardiopatías, mediante intervencionismo diagnóstico o terapéutico, así como cirugías cardiacas; cáncer, mediante drogas antineoplásicas, técnicas especializadas y tratamiento paliativo; y trasplantes, mediante la cobertura de los procedimientos quirúrgicos y la utilización de drogas inmunosupresoras.
Posteriormente, en 2019 mediante la conocida como “Ley Blanquita” dicha ley fue modificada y se incluyó cobertura médica para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME).
Sin embargo, las tan sonadas bondades y beneficios que traería la normativa a la ciudadanía nunca se implementaron conforme afirmó Meza. “El consejo del Foraness formaba parte del Círculo Paraguayo de Médicos, yo fui representante también, ya hace mucho tiempo, desde la época del ministro Arbo”, mencionó.
Igualmente, manifestó que tiempo atrás reclamó que la normativa no haya sido reglamentada pero desde el Ministerio de Salud no hubo real interés en que la ley se aplique. “Recuerdo como hace un par de años, estuve hablando con algunos parlamentarios y yo reclamé sobre la reglamentación de la ley, nunca funcionó”, contó.
La ley del Foraness fue sancionada en junio de 2011 y fue promulgada el 14 de setiembre del mismo año. Según esta, el fondo quedaría constituido anualmente con el equivalente de 39.801 salarios mínimos proveniente de fondos sociales de las binacionales, 19.901 salarios mínimos proveniente de recursos del Tesoro Nacional, 5% de las recaudaciones de impuesto selectivo al consumo del tabaco y alcohol, y con el 50% de premios no entregados de juegos de azar. Estos recursos no sustituían a los que el Ministerio de Salud utilizaba con iguales propósitos.
Dicha ley fue impulsada por la entonces diputada Desirée Masi, con la participación y apoyo de las autoridades sanitarias y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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