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En concreto, el Ministerio de Salud Pública había entregado a las apuradas un contrato de G. 85.000 millones a las firmas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel.
La decisión del órgano extrapoder fue tomada luego de que los miembros del JEM hayan tenido conocimiento, mediante las publicaciones realizadas, de la serie de irregularidades atribuidas al agente fiscal Osmar Legal como encargado de la investigación en la causa, a favor del empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, la última de las cuales consistió en la no apelación de la medida de arresto domiciliario con la que el juez interino Mirko Valinotti favoreció a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira el pasado 27 de noviembre, con lo que quedó firme la citada resolución. Llamativamente, pidió permiso el juez Humberto Otazú y le reemplazo Valinotti.
Otro hecho no menos importante, y que también sirvió para favorecer a los Ferreira, es que el fiscal Legal no imputó por tentativa de estafa por la adulteración de marcas de las mascarillas quirúrgicas, que fue lo principal que fue denunciado por el ministro Julio Mazzoleni, sino que solamente por el contrabando de 50 camas hospitalarias, con lo cual baja sustancialmente la gravedad del hecho imputable.
Según informes enviados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Comisión Especial de Supervisión de Compras-covid 19 (CESC) y la Contraloría General de la República, el ingreso de camas de forma irregular fue el menor de los males del citado proceso de compras estatales.
El clan Ferreira entregó al Ministerio de Salud Pública tapabocas que fueron introducidos al país con tres marcas diferentes y que al llegar al Parque Sanitario tenían una marca unificada. Además, las cajas originales señalaban que las mascarillas no eran aptas para uso médico, a pesar de que este era uno de los principales requerimientos del proceso licitatorio.