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El juez Ortega dispuso al intendente Sosa Báez, la obligación de presentarse cada mes al juzgado a los efectos de someterse a un control judicial, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, disponer como fianza real de un inmueble de la ciudad de Lambaré. El representante del Ministerio Público anunció que apelará la disposición del juez.
El intendente se retiró del juzgado con un aire triunfal y alzando el pulgar derecho. Esta situación molestó a un grupo de ciudadanos que vienen denunciando los reiterados casos de corrupción municipal en Acahay.
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Manifestación ciudadana
Para acompañar la gestión del fiscal Hiram Colmán y exigir al juez Ortega otorgue prisión preventiva al intendente Sosa Báez, un grupo de pobladores de este distrito se trasladó hasta Carapeguá y se manifestaron frente al Juzgado de Garantía.
Durante la manifestación, Juan Villalba, uno de los organizadores de esta autoconvocatoria ciudadana, manifestó que Sosa Báez defraudó a su pueblo al asociarse para delinquir y vaciar las arcas municipales en beneficio propio y de sus colaboradores cercanos.
Refirió que la ciudadanía ya sufrió mucho con el desvalijamiento de la Municipalidad, donde los intendentes de turno han vaciado y la ciudadanía no reaccionaba. Dijo que ahora el pueblo se despertó y los que están con el jefe comunal son solo familiares de funcionarios públicos, porque el ciudadano de bien dice no a la corrupción.
Los otros también robaron
Hasta el lugar llegaron también familiares, amigos, correligionarios y funcionarios municipales que dejaron su actividad laboral para ir a llevar su apoyo al intendente. No quisieron hablar con la prensa.
Solo un ciudadano salió a justificar el accionar del intendente Sosa Báez, diciendo “quiénes son los intendentes liberales que han pasado por la Municipalidad y que no han robado. Los demás intendentes como Alejo Fretes, Fabián Carreras también robaron y la fiscalía no les investiga”, dijo.
Por su parte, Justina Delvalle dijo que toda esta manifestación, serie de caravanas y denuncias infundadas es producto de una politiquería. “Es solo lata pararã para perjudicar al intendente”, dijo la mujer.
Antecedentes
La fiscalía investiga los hechos de corrupción que ocurrieron en la Municipalidad de Acahay, entre los años 2016 y 2020. No solo la Municipalidad local resultó víctima de este hecho investigado, sino también se ven afectados en su situación fiscal, como supuestos contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), los denunciantes Melquiades Ayala, Aldo Ayala y Rubén Benítez, todos ellos domiciliados en el distrito de Mbuyapey.
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El intendente Sosa Báez, en lugar de proteger los intereses de la comuna en su rol de autoridad, habría constituido un esquema para delinquir junto al tesorero municipal, Vicente Torres Sanabria, quien está con prisión preventiva.
Colaboró también en este clan delictivo, de manera a desviar fondos y obtener beneficios patrimoniales ilícitos, la concejala liberal Myrian Martínez de Espínola y el exadministrador de la Facultad de Filosofía UNA, Eduardo Espínola Ayala. Todos ellos crearon varias empresas fantasmas, que supuestamente concretaban obras edilicias.
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Sin embargo, varias de las construcciones terminaron haciendo Julián Giménez, hermano del concejal colorados Prudencio Giménez.