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Uno de los proyectos sancionados otorga al MUVH unos US$ 47 millones supuestamente para la construcción de viviendas sociales, pero lo peligroso es que faculta a la contratación directa para realizar las obras
Por otra parte, unos US$ 125 millones serán destinados supuestamente para sostener programas sociales como Pytyvõ y otros, todos ello financiado en base a endeudamiento del país. Si bien las ayudas económicas por la pandemia no son tan discutibles, sí lo pueden ser la transparencia en la entrega del beneficio a personas que no los requieran.
Varios legisladores durante la sesión plantearon sus dudas sobre el destino final de los recursos que otorgan. Incluso el colorado cartista Derlis Maidana dijo que esta aprobación es “otro voto de confianza al gobierno por parte de un integrante de la bancada de un diputado de Honor Colorado para atenderle a los más necesitados. Ojalá que esos recursos se utilicen bien, porque eso ya no podemos controlar porque los informes te llegan acá luego de 2, 3 o 4 meses, pero es mejor equivocarnos al dar, que no dar nada porque la gente está desesperante en la calle”.
Los fondos para el MUVH ya habían sido cuestionados durante su tratamiento en el Senado, ya que era iniciativa del extitular Dany Durand, quien renunció al cargo tras justamente instigar a manifestantes a coaccionar a los legisladores a favor de la aprobación de dichos recursos. Durand además estaba salpicado por serias sospechas de malos manejos administrativos a través del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis).
“Este es un operativo Cachito”
La diputada Celeste Amarilla se refirió a los US$ 125 millones y dijo que se trata de un “Operativo Cachito”. Insinuó que el 20% de los montos entregados a cada institución o programa será destinado a “los muchachos”, es decir, supuestamente serán utilizados en futuras campañas políticas.
“Para el programa Pytyvõ serán US$ 50 millones, para Tekopora US$ 2.700.000. Después ya viene la repartija, la financiación política, almuerzo escolar para el MEC en vacaciones US$ 4 millones, programa Abrazo US$ 300.000, Secretaría de la Juventud para conectividad en el interior US$ 1 millón, IPS 50 millones de dólares y Gobernaciones 17 millones de dólares”, explicó la diputada.
“El resto del dinero es financiamiento político para futuras campañas políticas para las municipales. De todos los montos, 20% irá a parar para los muchachos y que le den cierta gobernabilidad al presidente”, sostuvo.
Diputada explicó su comparación con el Operativo “Cachito”. “Quiero recordar cuando en el año 1993 Lino Oviedo creó el célebre plan ‘Cachito’, que consistía en robar en cada mesa, un cachito de votos, de manera que la oposición no anule mesas, locales y no se presuma un fraude generalizado. Entonces, en cada local de votación se robó un cachito de votos y el total fue fastuoso el número total. Este es un operativo ‘Cachito’”, afirmó.
“Ojo que cualquier parecido con el hijo de Cachito Salomón es pura coincidencia. Candidato a concejal, se le da 1 millón de dólares para nada”, dijo.
“Estos montos, indicados en una ley donde no dicen ni en qué se van a utilizar, solamente dice que los gobernadores van a poder utilizar el 20% en gastos corrientes y el resto en capital. Pueden comprar incluso camionetas ¿y con eso en qué colabora con la pandemia y la pobreza?”, cuestionó.