Hermano de concejal realizaba obras adjudicadas a “fantasmas”, afirman

El fiscal de Carapeguá Rodolfo Hiram Colmán constató que la mayoría de las obras adjudicadas por la Municipalidad de Acahay a empresas “fantasmas” o “de maletín” fueron realizadas por un hermano del concejal acahaiense Prudencio Giménez (ANR). Más de G. 13.000 millones fueron transferidos por la Comuna de Acahay a firmas que existen solo en papeles.

Alcides Sosa (colorado abdista), intendente.
Alcides Sosa (colorado abdista), intendente.

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ACAHAY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La causa fiscal fue caratulada como “Lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad”. La investigación se originó por denuncias presentadas por Rubén Benítez, Melquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González, cuyos nombres fueron utilizados para presuntas adjudicaciones fraudulentas de obras mediante “empresas de maletín”.

El intendente Alcides Sosa (colorado abdista) transfirió unos G. 13.000 millones de los royalties y Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a las empresas fantasmas desde el 2016 hasta este año, según las denuncias.

En el marco de la pesquisa, el fiscal de la Unidad II de Carapeguá, Rodolfo Hiram Colmán, constató que Julián Giménez, quien es hermano del concejal de esta Prudencio Giménez (ANR) realizó la mayoría de las obras adjudicadas por la Municipalidad a empresas fantasmas o que existen solamente en papeles.

En la causa están imputados la concejal liberal Mirian Elizabeth Martínez y el exadministrador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Eduardo Espínola Ayala. Este fue condenado por el desvío de G. 178 millones de la casa de altos estudios. Ambos fueron beneficiados con prisión domiciliaria.

También se encuentra imputado el contador de la Municipalidad de Acahay, Vicente Torres Sanabria.

En otra causa caratulada “Lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal” el fiscal Colmán imputó y pidió prisión para el intendente Sosa. Citó al jefe comunal a una audiencia indagatoria para el 9 de diciembre, a las 09:00. Asimismo, el Juzgado de Carapeguá, lo convocó para el 10 de diciembre para imposición de medidas. El magistrado decidirá si se allana al pedido fiscal de prisión preventiva o si lo beneficia con salidas procesales.

Procedimiento fiscal

El fiscal Hiram Colmán y sus asistentes Manuela Benítez y Cinthia Oviedo verificaron obras fantasmas y otras realizadas en su mayoría por Julián Giménez.

La comitiva conversó con pobladores de la compañía Cerro Corá donde el camino que conduce a la escuela Cerro Corá en los papeles fue reparada y enripiada por la empresa NM Service, propiedad de Rubén Benítez. Sin embargo, no existe enripiado alguno y los lugareños afirmaron que solamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realiza reparaciones del trayecto.

Benítez, uno de los denunciantes, aseguró no contar con constructora alguna.

Otros que supuestamente fueron adjudicados para realizar obras son Melquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González. Ambos denunciaron que no tienen empresas, pero en los papeles que maneja la Municipalidad figura una ganancia anual de más de 5 millones de dólares.

En la Escuela Cerro Corá, ubicada en las inmediaciones del cerro Acahay, también encontraron la construcción inconclusa de sanitarios. La Comuna supuestamente pagó G. 39 millones a la empresa de Benítez por realizar la obra.

Incluso existe un acta de recepción de la obra, que está abandonada.

Las firmas “de maletín”

Una de las empresas “fantasmas” es San Cayetano, que figura a nombre de Cosme Damián Pérez, quien sería cuñado del procesado Espínola Ayala. También, las constructoras San Roque y 8 de Diciembre, propiedad de Melquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González, respectivamente.

NM Service fue creada por Rubén Benítez, cuyos contadores eran Eduardo Espínola Ayala y Mirian Elizabeth Martínez. Benítez les pidió que cancelaran la firma, pero un tiempo después fue informado por el Ministerio de Hacienda que seguía activa, de acuerdo a su testimonio.

En diciembre del 2019 Benítez presentó una denuncia policial contra Espínola Ayala por pasar la firma a nombre de su nuera, Naiza Araceli Cohener González, quien fija domicilio en Ybycuí. La fiscalía allanó la casa y encontró que funciona solo un lavadero.

Se llamaron a silencio

Intentamos hablar con Espínola, Martínez, el intendente Soca y con Julián Giménez, pero ninguno respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que deseen brindar su versión.

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