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ACAHAY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). En su recusación, el fiscal cuestionó al juez Ortega, porque para la prisión domiciliaria de la pareja de procesados dijo que " no poseen antecedentes judiciales”. Sin embargo, el imputado Espínola Ayala está condenado a 8 años de prisión por el desvío G. 178 millones de la Facultad de Filosofía, UNA, en 2016.
El fiscal afirma tener elementos probatorios de que el procesado violaba permanentemente sus prisión domiciliaria y se trasladaba de Mbuyapey a Acahay a reunirse en una estación de servicios con el tesorero Torres Sanabria y luego en la casa particular del intendente acahayense Alcides Sosa (abdista).
Asimismo, la edil Martínez, que funge de propietaria de una de las consultorías relacionadas con la Municipalidad de Acahay, lo cual sería nexo para realizar los supuestos hechos punibles investigados.
En cuanto a las garantías ofrecidas con inmuebles, solo se presentó la condición de dominio solicitado en la Dirección de Registros Públicos y no se cuenta aún con un informe de dicha entidad que asegure la propiedad de las fincas presentadas para caución real.
Ante esa situación, el fiscal Hiram Colmán dice en su apelación que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave y un inminente peligro de fuga o posible obstrucción de la investigación. En la causa por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y abusos de documentos de identidad también está imputado y con prisión preventiva el tesorero de la municipalidad local, Vicente Torres Sanabria, con orden de remisión a la Penitenciaría de Misiones.
La fiscalía fijó audiencia para el próximo 9 de diciembre a las 09:00 para una indagatoria al intendente de Acahay, Sosa.
Asimismo, el Juzgado de Carapeguá fijó el día 10 para la imposición de medidas. El juez Ortega deberá decidir si se allana al pedido fiscal de dar prisión preventiva al intendente u opta por otras salidas procesales.
Empresas no existían
El fiscal Rodolfo Hiram Colmán constató que las empresas contratadas por la Municipalidad de Acahay no existen y que, presumiblemente, todas ellas fueron creadas por Eduardo Espínola Ayala y su esposa, la concejala Mirian Martínez (PLRA), para desvalijar la Comuna, administrada por el intendente Alcides Sosa Báez (ANR, Añetete). En varios allanamientos verificaron que las direcciones no correspondían a ninguna empresa real.