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La fiscala Fátima Capurro presentó acusación por el delito de lesión de confianza y solicitó juicio oral para los cuatro directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, por causar un supuesto perjuicio de unos G. 2.623.098.082.
Conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público y de acuerdo a los datos agregados e investigados por la Fiscalía, se pudo establecer que los gastos realizados por la administración de los acusados aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe, en el año 2017, ascendió a la suma de G. 59.851.229.470 y en el año 2018 se ha incrementado a G. 101.432.531.170. Según el balance del 31 de diciembre de 2019, el total registrado era la suma de G. 102.744.614.445. Por tanto, en el cierre del año 2018 el incremento de los gastos administrativos de la Caja fue del 69% y lo correspondiente al año 2019 llegó al 71%.
“Es ahí donde encontramos evidencia de que existieron excesos y gastos demasiado elevados, periodos del año 2016 al 2019, lapso en que la Caja estuvo bajo la dirección de los acusados en la presente causa. Que estos montos muy elevados fueron advertidos por entidades contraloras, y que los acusados hicieron caso omiso, resultando en el perjuicio patrimonial de la Caja”, refiere la Fiscalía.
La acusación señala que pese a que el Banco Central a través de la Nota SB SG N° 0005112017 y SB SS 03212017, del 9 de enero de 2017, comunicó a los responsables que el monto destinado para la ampliación y mejoras en la infraestructura de la sede social “Quinta Ykua Ybumi”, no reunía las condiciones necesarias para su ejecución, igual se realizó y para ello se destinaron G. 1.296.229.353, de los recursos de la Caja, de manera indebida.
La acusación también señala que la caja ha realizado operaciones de refinanciamiento de préstamos con irregularidades, pago de contratos de licitaciones públicas, entre otras objeciones.