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Itaipú y Yacyretá entregan unos US$ 100 millones al año como gastos socioambientales. Este dinero es usado discrecionalmente por los directores paraguayos de ambas binacionales, en ocasiones para beneficio de amigos y simpatizantes políticos.
El Ejecutivo recientemente vetó una sanción del Congreso para incluir este dinero en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, de modo a que el Legislativo tenga control sobre él.
El argumento del presidente Mario Abdo es que se estaría violando una disposición internacional, al referirse a los tratados firmados entre ambos países.
El documento volvió al Senado, que rechazó el veto. En Diputados el panorama parece ser distinto, ya que se prevé su aceptación y, en consecuencia, la desestimación de la intención de transparentar estos gastos.
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Eduardo González, asesor jurídico de la bancada cartista en Cámara de Diputados, dijo este jueves en conversación con ABC que el veto debe ser aceptado no solo porque las binacionales, a su entender y el de su bancada, conforman una estructura jurídica distinta.
“Me baso en el entendimiento jurídico de que cuando se firma el tratado (…) se crea una figura jurídica distinta de lo que es el Estado paraguayo y el brasilero, se crea una entidad binacional. Ambos países dan parte de su soberanía en la creación de la entidad, sumándose a esos fallos judiciales en Brasil y Paraguay”, argumentó.
González añadió que el presupuesto de las binacionales se trabaja en conjunto e inclusive dijo que, si se aprueba, la ley sería de difícil aplicación “por los tiempos” en que se estudia el presupuesto en el Congreso y también en Itaipú.
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“Los tiempos, desde el punto de vista práctico, no son compatibles. Hay que ver si eso se puede manejar y si la contraparte está de acuerdo”, manifestó al referirse a la supuesta disparidad de coordinación entre ambos presupuestos en el caso de que se pueda aplicar la inclusión.
El fin de semana pasado, dijo que no se descarta tratar recién en marzo de 2021, al reinicio de las actividades legislativas, el veto a la ley que incorpora los gastos sociales al Presupuesto General de la Nación. La objeción tendrá sanción ficta el 7 de abril. Los sectores de la oposición rechazan el veto del Ejecutivo porque consideran que los US$ 100 millones de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá deben ser transparentados.