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La Cámara Baja decidió esta mañana aceptar sin mucha discusión la versión de la Cámara de Senadores, que contempla mayores gastos rígidos, y pasó el proyecto sancionado a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación.
Los diputados dieron por terminada la discusión sobre el PGN 2021 y no atendieron el pedido que había efectuado el Ministerio de Hacienda, de ratificarse en su versión aprobada en la primera vuelta del 10 de noviembre porque implica menos presión para las finanzas públicas.
El proyecto de ley sancionado corresponde a la versión del Senado y asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), incluye aumentos en gastos corrientes y dentro de este grupo, principalmente, gastos rígidos relacionados a servicios personales y más endeudamiento.
Los senadores, con relación al proyecto de Diputados, habían incorporado, por ejemplo, aumento salarial para funcionarios del Senado y del Congreso a ser otorgado sin concurso público y de esta manera se excluyen de cumplir lo que dispone la ley de la Función Pública.
También dispone el pago de los denominados “aumentos mau” para un grupo importante de funcionarios de diversas instituciones, que fueron incluidos en los presupuestos 2019 y 2020 para favorecer a los operadores políticos y que el Ejecutivo decidió no pagar debido a que se modificó el anexo de personal sin haberlo solicitado.
Además, se prevé creaciones de cargos en diversas instituciones y un mayor endeudamiento público, entre ellos la autorización para que la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) emita bonos por hasta US$ 30 millones para la adquisición de radares.
Proyecto inicial
El Ejecutivo, a través de Hacienda, presentó un proyecto de presupuesto al Congreso de G. 85,7 billones (US$ 12.098 millones), cifra que aumentó a G. 92 billones (US$ 12.976 millones) tras su aprobación en la Cámara Baja, tomando como base el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y otras modificaciones dispuesta en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
Este incremento, sin embargo, tuvo el aval de Hacienda porque se incorporó un paquete de obras a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y los saldos del fondo de la ley de Emergencia Sanitaria dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, lo que llevó efectivamente el déficit fiscal de 1,5% al 4% del PIB, como lo había solicitado a través de un artículo.