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El llamado en cuestión es para que la institución pueda contratar 83 empleados más, que se sumarán a los 1.050 funcionarios que tiene la empresa estatal (685 permanentes y 365 contratados), que al parecer no dan abasto para el funcionamiento de la cementera. La convocatoria se publicó el 9 noviembre pasado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y tiene un precio referencial de nada menos que G. 4.141 millones.
Si se tiene en cuenta el precio de referencia del llamado, la cementera estatal pagará G. 49.903.492 por cada uno de los 83 obreros que contratará, por los 12 meses que durará el contrato. Esto significa que la empresa que resulte ganadora percibirá mensualmente G. 4.158.624 por cada trabajador, pero según el pliego, sólo pagarán el salario mínimo de G. 2.192.839 a cada empleado.
Ernesto Benítez, presidente de la cementera estatal, había justificado la licitación y manifestó que la tercerización es muy importante para la planta, porque actualmente la INC tiene 150 puestos vacantes, principalmente por jubilación de funcionarios. “A la fecha tenemos aproximadamente 150 cargos vacantes, además de aquellos que a causa de la pandemia aún no pueden reincorporarse”, manifestó Benítez.
Señaló además que la licitación es para contratar personal profesional, técnico y operativo, a través de una firma tercerizada, que “ayude a suplir temporalmente las carencias por circunstancias mencionadas” y que, además, los procesos de contratación de personal permanente, a través de concursos, fueron suspendidos durante el presente ejercicio, por la pandemia del covid-19, por lo que no tenían de otra opción más que tercerizar. De esta manera, se burla el espíritu de austeridad de dicha norma.