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La sesión ordinaria de la Cámara Baja se iniciará a las 8:30 y el tema presupuestario figura como primer punto del orden del día a ser debatido por los legisladores.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Miguel Tadeo Rojas (ANR), dijo ayer que en mayoría se dictaminó a favor de aceptar la versión del Senado, y en minoría por ratificar el proyecto que habían aprobado en la primera vuelta del estudio (el 10 de noviembre pasado).
El dictamen en mayoría de la referida comisión podría incidir a la hora de la votación, y si esto ocurre la ley quedará sancionada y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, si se reúnen los votos para la ratificación, el tema volverá a consideración de la Cámara Alta para su definición.
El Senado tiene la última palabra en cuanto a la ley de presupuesto y, aunque puede aceptar la versión de Diputados, históricamente casi siempre termina ratificando el plan que aprobaron inicialmente en la primera vuelta, en este caso el 25 de noviembre último.
Un informe de la Cámara Baja expresa que el diputado Rojas detalló que Senadores consignó modificaciones que no afectan, significativamente, el PGN 2021 aprobado en la Cámara Baja y, en ese contexto, citó al Ministerio de Justicia que recibió G. 10.000 millones más para mantener contratos de guardiacárceles y también para el personal de blanco que atiende a la población penitenciaria; y una reasignación de G. 7.000 millones para alimentación.
Además, en el Ministerio de Salud se reprogramaron recursos que no varían el tope que había sido establecido, que son para servicios personales solicitados por el propio ministro Julio Mazzoleni, indica el informe.
El diputado explicó, según el informe, que esto representa la desprecarización de un número importante de funcionarios y también la unificación de vínculos; al mismo tiempo, el reconocimiento de un acuerdo firmado por autoridades de Hacienda y los sindicatos del Hospital de Trauma y del Hospital Nacional; todo ello, por un monto de G. 298.000 millones, que si bien no varía en el PGN 2021, sí impactará en el presupuesto 2022, donde Hacienda deberá prever mayores recursos en sueldos.
Añadió que otra modificación fue agregar los Institutos de Educación Superior para la cobertura de la Ley de Arancel Cero, así como la reposición de los recortes hechos a la Justicia Electoral, en gastos considerados superfluos, pero que la institución solicitó por considerarlos necesarios para las elecciones municipales. También dijo que se incluyó a nueve instituciones que vienen reclamando recategorizaciones salariales, que serán financiadas con la eliminación de cargos vacantes: Senepa, Senave, IPTA, Contrataciones Públicas, Secretaría Nacional de Repatriados, Función Pública, Ministerio de Agricultura (extensionistas agrícolas), entre otras.
Más gastos rígidos
La diferencia entre el proyecto de los diputados y del Senado es que este último aumenta los gastos corrientes, principalmente los rígidos que guardan relación con los servicios personales (salarios, bonificaciones, cargos y otros). Además incorporó en el PGN, incluso, fondos para otorgar un incremento salarial a los funcionarios del Senado y del Congreso, sin realizar concursos y a contramano del ajuste de cinturón que se pretendía implementar en la administración pública atendiendo los escasos recursos.
Por ello, el Ministerio de Hacienda pidió a la Cámara Baja que se ratifique en su versión, a la espera de buscar posteriormente convencer a la Cámara Alta de que este plan será más factible ejecutar con el panorama económico aún incierto.
El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso asciende a G. 85,7 billones (US$ 12.098 millones), cifra que aumentó a G. 92 billones (US$ 12.976 millones) tras su aprobación en la Cámara Baja.
Este incremento, sin embargo, contó con el aval del Ministerio de Hacienda porque el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso incorporó un paquete de obras al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y los saldos del fondo de la ley de emergencias al Ministerio de Salud.
El Senado, en cambio, terminó aprobando un monto de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), más otra emisión de bonos por US$ 30 millones para que la Dinac compre radares.
Déficit del 4% del PIB ya no cambia
El proyecto de ley de presupuesto 2021, tanto lo aprobado por Diputados como por Senadores, tiene un déficit fiscal de 4% del PIB, luego de la inclusión de un paquete de obras y los fondos de emergencia sanitaria. En principio, estos gastos habían quedado al margen porque Hacienda necesita cerrar el proyecto a ser presentado al Congreso, con un saldo rojo de 1,5% del PIB como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, a través de un artículo Hacienda solicitó autorización para cerrar el año con déficit del 4%, de tal modo a ejecutar las obras y utilizar los saldos de la ley de emergencia.