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La imputación se da ante la denuncia presentada por Melquiades Ayala Ortiz, Aldo Ayala González y Rubén Benítez, todos ellos domiciliados en el distrito de Mbuyapey. Los afectados presentaron la denuncia luego de que el Ministerio de Hacienda, cancelara la transferencia del subsidio de adultos mayores de Ayala Ortiz, porque figuraba que tenía empresas constructoras y con frondosas ganancias.
Ante la denuncia de los afectados, el fiscal Hiram Colmán con sus asistentes Manuela Benítez y Cinthia Oviedo, y personal policial de este municipio, realizó desde la semana pasada, una serie de allanamientos, en la Municipalidad de Acahay. Del lugar se incautó notebook, una CPU, chequeras varias, sellos de supuestas empresas constructoras, facturas varias.
Asimismo, se allanó la vivienda de quienes serían los mentores de esta asociación criminal, el exadministrador de la Facultad de Filosofía UNA, Eduardo Espinola Ayala –quien fue condenado por el desvío de G. 178 millones de la universidad– y su esposa la concejal municipal liberal, Mirian Martínez. Todos ellos quedaron detenidos, imputados y con prisión preventiva por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad.
La concejal municipal de Mbuyapey y su esposo son contadores, y sus víctimas fueron sus clientes que en algún momento tuvieron sus respectivos RUC, pero luego les habían solicitado para que cancelen ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sin embargo, figuraban activos y como proveedoras de la Municipalidad local.
Asimismo, la comitiva fiscal allanó la vivienda del intendente Sosa, ubicada en la compañía Zanjita de donde se incautó, un arma de fuego, documentos varios y una agenda. De la casa del tesorero se levantó un cheque de G. 10 millones, que pertenece a la Municipalidad local a cargo del Banco Nacional de Fomento(BNF), firmados por el intendente y el tesorero.
El fiscal Hiram Colmán sostiene que el testimonio de uno de los afectados fue fundamental. Es el caso de Rubén Benítez, quien aparece como supuesto empresario de la empresa NM Service. El comentó que al realizar la denuncia en diciembre el 2019, fue desvinculado de la supuesta empresa, pero que ahora aparece que la responsable de esa firma es Naiza Araceli Cohener González, nuera de la pareja de contadores procesado.
Benítez, mencionó que solía trabajar como chofer de Espínola Ayala y que le llevaba hasta la estación de servicio de Petropar de Acahay. En dicho lugar, su patrón se reunía con el tesorero de la Municipalidad local, Torres Sanabria y luego se iban a la casa del intendente Sosa. De ahí se trasladaban al BNF de Carapeguá para el cobro del cheque y a la vuelta le dejaba parte de lo cobrado al intendente.
El Ministerio Público refiere que compromete al intendente que las adjudicaciones fueron todas por contratación directa, existen contratos firmados por el intendente, con los supuestos propietarios de constructoras “fantasmas”, cuyos afectados dicen desconocer. Se presume que el perjuicio patrimonial a la Municipalidad superaría los G. 13.000 millones, lo que podría disminuir si por lo menos se encuentran obras realizadas que deben ser valuadas por un perito fiscal.
Queda a cargo del juez interino de Carapeguá, Guillermo Ortega allanarse a lo solicitado por el fiscal o fijar otras medidas.